El modus operandi consistía en captar contribuyentes y de manera furtiva alterar bases de datos para devoluciones improcedentes.
Otras dos personas, entre ellas un familiar del principal acusado, fueron sentenciadas a 4 y 3 años un día, respectivamente, de presidio con libertad vigilada intensiva y al pago de una multa del 100% de lo defraudado, es decir, sobre 92 millones de pesos y más 40 millones respectivamente.
Tras el juicio oral en que la Fiscalía acreditó evasión tributaria contra 3 sujetos, el Tribunal comunicó las sentencias sobre los principales implicados en un caso que comenzó en el año 2014 y se extendió hasta el 2017.
Según la acusación, el imputado P. A.G., en su calidad de fiscalizador jefe del Servicio de Impuestos Internos, realizó maniobras fraudulentas para modificar información tributaria de contribuyentes de la comuna de Andacollo reclutados con anterioridad para devoluciones indebidas de impuestos.
Dicho reclutamiento lo efectuaba por su cuenta o en ocasiones junto a su hermano G.A.G.
Los contribuyentes estaban previamente concertados con el familiar del principal sujeto o bien con él mismo, quien manipuló bases de datos accediendo con clave personal y otra creada furtivamente.
El fiscal de la causa, Marcial Pérez, dijo que esta causa tuvo su origen en el “reporte de operación sospechosa de la Unidad de Análisis Financiero y denuncia de la dirección nacional de Servicio de Impuestos Internos en el 2018.
Ha sido extenso reunir este acopio de antecedentes para llegar a este juicio, largo y dificultoso por lo altamente técnico de revisar a 18 contribuyentes distintos en maniobras que se repiten en cada uno de ellos en 3 ó 4 ocasiones”, dijo.
Las penas que aplicó el tribunal
P.A.G. fue condenado en primera instancia a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, a la inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares, así como a una multa de 391 millones 821 mil 501 pesos, correspondiente al 100% de lo defraudado por el delito de evasión tributaria ocurrida en La Serena entre el 2014 y 2017.
El Tribunal ordenó que la pena se cumpla en forma efectiva, abonándose 558 días en que estuvo privado de libertad.
En tanto, G.A.G fue sentenciado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y una multa de 92 millones 739 mil 939 pesos, correspondiente al 100% de los defraudado, por evasión tributaria ocurrida entre el 2016 y 2017.
El tribunal otorgó la libertad vigilada intensiva debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, someterse a un plan de intervención individual y programa laboral. Además los jueces sentenciaron que si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, el condenado deberá cumplir íntegra y efectivamente la privación de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas.
Por otra parte, A.R.CH. fue sentenciado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y una multa de $40.441.643, correspondiente al 100% de los defraudado, por evasión tributaria ocurrida entre el 2016 y 2017.
Al igual que la persona anterior, el tribunal otorgó la libertad vigilada con similares condiciones de presentación en Gendarmería, además de someterse a un plan de intervención individual y programa laboral. En caso que la sentencia sea quebrantada o sustituida, podría cumplir en forma efectiva la pena impuesta.
Cabe recordar que el Tribunal Oral consideró la atenuante de colaboración sustancial con los hechos.
El Servicio de Impuestos Internos fue querellante en los hechos acusados. La Fiscalía de La Serena, representada por el Fiscal Marcial Pérez, acreditó la evasión tributaria tras la investigación y anteriormente, 5 personas fueron condenadas en juicio abreviado por evasión tributaria de montos que bordearon entre 21 a 33 millones en cada caso.
Absoluciones
El tribunal además acreditó que el acusado recibió alrededor de 71 millones de pesos, cifra que no correspondía de acuerdo a sus remuneraciones. Si bien se acusó la compra y posterior venta de una casa y de un jeep a familiares, no se configuró para los jueces orales el delito de lavado de activos, por lo que dos personas fueron absueltas de ese cargo junto con P.A.G. Además, tampoco se logró acreditar la responsabilidad de otra persona acusada en evasión tributaria cometida presuntamente en el 2017.
Cabe señalar que esta sentencia pronunciada por los jueces en el juicio oral es de primera instancia y aún hay plazos para ser recurrida.
