El Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Darwin Cortés, señaló que la iniciativa no busca perseguir ideas ni manifestaciones pacíficas, sino establecer reglas claras frente a hechos de violencia, destrucción de bienes públicos y daños a la infraestructura que afectan directamente a la comunidad.
Ante las declaraciones realizadas por el diputado Bernardo Salinas respecto al proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, el vocero regional de Gobierno sostuvo que la propuesta apunta a fortalecer el orden público, proteger los espacios comunes y entregar mayor seguridad a las familias.
"En Chile el derecho a manifestarse pacíficamente está plenamente garantizado y eso no está en discusión. Lo que este proyecto busca es enfrentar los actos vandálicos, la destrucción de bienes públicos, daños a infraestructura y conductas que terminan afectando directamente a vecinos, comerciantes, estudiantes y trabajadores", afirmó Cortés.
Como una señal concreta en favor de la convivencia y de la protección de las comunidades educativas calificó el Seremi de Gobierno, Darwin Cortés, la aprobación del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que fue despachada por la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de convertirse en ley de la República. La propuesta fue aprobada por 105 votos a favor y 46 en contra, y busca fortalecer la convivencia escolar y entregar nuevas herramientas a los establecimientos para actuar frente a hechos graves de violencia que alteran el normal desarrollo de las actividades educativas.
La iniciativa permite reforzar la seguridad de la comunidad educativa en su conjunto y entrega a colegios, docentes y equipos directivos mayores herramientas para enfrentar situaciones que hoy impiden que los establecimientos sean espacios seguros para enseñar, aprender y convivir.
La iniciativa busca fortalecer la convivencia educativa y entregar mayores herramientas a las comunidades escolares para actuar frente a hechos graves de violencia que afecten el normal desarrollo de las actividades educativas, resguardando el derecho a la educación y la seguridad de la comunidad educativa en su totalidad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que "estamos conformes de poder sacar adelante esta iniciativa y poner a disposición de los colegios y los educadores y los profesores, nuevas herramientas para enfrentar este problema que es la violencia".
En esa línea, remarcó que "la idea es que los colegios puedan implementar esto en cuanto antes y poder disponer de las herramientas que les permitan hacer frente a hechos de violencia, delitos, que hoy día les están impidiendo estar en un entorno seguro como debe ser para poder tener las condiciones para poder generar los aprendizajes".
