Este lunes se inició la formalización de la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y un grupo de empresarios, por el llamado caso “Papaya Gate”, que consistió en la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional con lo que sería un evidente sobreprecio. La primera jornada de audiencia consistió en extensas exposiciones de parte de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado como querellantes. Dentro de los antecedentes se pudo evidenciar que durante el año 2019 los imputados realizaron un negocio a sabiendas de que era ilegal. Existían tasaciones por cerca de 4 mil millones de pesos, cuando finalmente se pagó casi $10 mil millones por una serie de lotes en el sector oriente de La Serena, donde se construiría un proyecto deportivo.
Una intensa reunión tuvo lugar en el Ministerio de Seguridad Pública, con autoridades de Coquimbo, La Serena y el gobierno central, con el fin de gestionar iniciativas para el combate del crimen organizado, las incivilidades asociadas a personas en situación de calle, y dotar de más herramientas para el control de vehículos y el trabajo de la seguridad municipal. En la instancia participó el diputado Daniel Manouchehri, quien gestionó la reunión, junto a los alcaldes de Coquimbo y La Serena, Ali Manouchehri y Daniela Norambuena, con el ministro Luis Cordero y la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
En respuesta directa a los casos de corrupción que han remecido al país, como el Caso Hermosilla y el escándalo de las fundaciones, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron el proyecto de ley denominado “Fin al Secreto Bancario del Poder”, que busca terminar con el blindaje financiero que hoy protege a más de 60 autoridades del Estado frente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
