Con el Teatro California como escenario y con la presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), dirigida por Virginia Vergara e integrada por 60 niños de entre 8 y 14 años, este viernes 05 de diciembre, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que establece el 16 de octubre de cada año, como el “Día de las Bandas y Orquestas Juveniles Jorge Peña Hen”.
Preocupación existiría entre apoderados y estudiantes del colegio Francis School, en la comuna de Coquimbo, luego de que se viralizara en redes sociales -a través de la cuenta de Instagram “Cuarta Región Informa”- la posible cancelación de matrículas para quienes no hayan pagado, a noviembre, la totalidad del año escolar. Según informó dicha cuenta, el establecimiento habría emitido la resolución interna Nº 218/2025, en la que se establecería la no renovación de matrícula por concepto de deuda. Ante esta situación, la diputada Nathalie Castillo llamó a los sostenedores a respetar la normativa vigente, recordando que la legislación chilena es clara en prohibir que se discrimine a un estudiante por razones económicas. “El derecho a la educación está protegido por la Constitución, la Ley General de Educación y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando una institución educativa decide negar la matrícula a un niño por una deuda, se vulnera un derecho humano esencial. El derecho a la educación está por sobre cualquier interés financiero”, afirmó la diputada.
Los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a las diputadas oficialistas Carolina Tello, Gael Yeomans, Consuelo Veloso y Emilia Schneider, y el diputado Daniel Melo, presentaron un proyecto de reforma constitucional destinado a incorporar en la Carta Fundamental el derecho a la salud sexual y reproductiva, además de garantizar a nivel constitucional el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, actualmente reguladas por la ley Nº 21.030. La iniciativa busca otorgar un marco constitucional de protección que vaya más allá del alcance legal vigente, en línea con los compromisos asumidos por Chile en materia de derechos humanos y con recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
