El senador Daniel Núñez ingresó un proyecto de ley que busca tipificar en el Código Penal el delito de préstamo ilegal con usura extorsiva, una práctica delictual que se ha extendido en distintos barrios del país y que constituye una vía de financiamiento para el crimen organizado. El proyecto plantea una figura penal autónoma que combina dos ilícitos actualmente dispersos: préstamo con usura y la extorsión. De esta manera, los préstamos ilegales que, al momento del cobro, recurran a amenazas, violencia, engaño, apropiación de bienes o coacción para firmar documentos se sancionará con penas que van entre los 10 a 20 años de cárcel. Las penas se agravan si la práctica es masiva, habitual o vinculada a asociaciones ilícitas.
El diputado por la Región de Coquimbo, Víctor Pino, ofició al director general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Claudio Soto Cárdenas, exigiendo explicaciones por el grave retraso en el proceso de licitación de la planta desaladora multipropósito proyectada para el sector de El Panul en la comuna de Coquimbo. La situación pone en riesgo el cumplimiento del plazo de ejecución comprometido para el año 2028. La advertencia del parlamentario surge luego de que la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) y el medio regional Diario El Día revelaran que más de mil consultas técnicas formuladas por los consorcios interesados no han sido respondidas oportunamente, lo que genera incertidumbre y desincentiva la participación en un proyecto clave para enfrentar la crisis hídrica en la región.
La Sala del Senado aprobó y despachó este martes el proyecto de ley que fortalece la instalación y administración del Sistema de Educación Pública y sus Servicios Locales (SLEP), por lo que ahora pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara. El proyecto busca mejorar el traspaso de establecimientos a los SLEP; desarrollar capacidades administrativas, financieras y pedagógicas en estos servicios; potenciar su vinculación con las comunidades; fortalecer las funciones de apoyo a los SLEP que recaen en la Dirección de Educación Pública (DEP); mejorar el acompañamiento; y reconocer el estatus de política de Estado al Sistema de Educación Pública.
