Soluciones de corto plazo pasan por la construcción de una batería de pozos en las provincias de Elqui y Limarí, por ser las más afectadas con la falta del vital líquido.
Como un año no exento de problemas se avizora el año 2026 para nuestra región, situación que paradojalmente coincide con la conmemoración del Día Mundial del Agua instituido por la ONU un 22 de marzo y que lleva por lema: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.
El tema llama a una reflexión especial sobre la situación particular que enfrenta nuestra región, porque Mayo podría ser un mes crítico para las provincias de Elqui y Limarí en materia de escasez hídrica, si no hay lluvias de por medio. Así lo indican los índices de los embalses del Limarí, que a la fecha registran un promedio de entre 6% y 15% de su capacidad máxima.
En ese contexto, autoridades de la región se han apresurado en hacer gestiones a nivel central que permitan contar con recursos para actuar preventivamente en la captación de nuevas fuentes de agua para atender las urgencias que se presenten en el corto plazo, a través de la construcción de nuevos pozos.
El consejero regional Francisco Corral, presidente de la Comisión de Aguas y Recursos Hídricos del Consejo Regional, señaló que en reunión con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, junto al gobernador Cristóbal Juliá y con la mediación del delegado presidencial regional, Víctor Pino, expusieron las necesidades de la región y las urgencias que presenta esta materia.
“La situación del agua en la Región de Coquimbo es grave y crítica. Nosotros esperamos que nuestra región sea considerada dentro de las regiones vulnerables y riesgosas que hoy día tiene el Estado. Y eso se evidencia, por ejemplo, en la capacidad de nuestros embalses, especialmente en las provincias de Elqui y Limarí. El promedio de embalses en Elqui y Limarí es del orden del 6% al 15%, es decir, nada. De hecho, Limarí en particular corre el riesgo de no contar con lluvias adecuadas y suficientes durante esta temporada; ello podría significar que en mayo esa provincia podría quedar sin agua para la agricultura”, señaló el consejero Corral.
De ocurrir aquello, “se le va a dar prioridad al consumo humano, porque de acuerdo con el actual Código de Aguas, la prioridad la tiene el consumo humano. Entonces, cuando los embalses lleguen a niveles críticos, como es el caso de Paloma y Recoleta, se va a tener que hacer la derivación al consumo humano. Considerando ese escenario, necesitamos que las nuevas autoridades a nivel nacional vean a nuestra región en ese contexto de gravedad. Por lo tanto, es necesario que nuestra región sea una de las regiones de emergencia que tienen que atender. La Región de Coquimbo tiene que ser prioridad nacional”, afirmó el colegiado.
En cuanto a aquello, indicó que el ministro Arrau está en conocimiento de las obras relevantes, no solo en el ámbito hídrico, sino también en materia de conectividad y los desafíos que presenta el Área Metropolitana La Serena-Coquimbo, asumiendo que son proyectos que deben continuar y que el gobierno va a poner todo el esfuerzo para que así sea.
“Nosotros esperamos que, con los antecedentes proporcionados, más lo que podamos trabajar en la región con el delegado presidencial y el próximo seremi de Obras Públicas, el ministro Arrau pueda evaluar con mayor detención esta información y así poder relevar esta emergencia que le hemos comentado. Tenemos confianza y esperanza en que todo lo que hemos reportado, junto con lo que podamos hacer con las autoridades regionales en representación del gobierno nacional, permita que nuestra región sea una región prioritaria, de emergencia y urgencia, y que eso derive en un Plan de Emergencia Hídrica”, argumentó.
Plan de Emergencia Hídrica
Corral indicó que lo que se tiene claro es que la emergencia hídrica que enfrenta la región no pasa por la construcción de una desaladora, porque no soluciona el problema; quizás lo mitigue y dé seguridad al consumo humano de La Serena y Coquimbo, pero para atender la necesidad de las dos provincias en su conjunto es necesario contar con un Plan de Emergencia con medidas de corto y mediano plazo. Argumentó que la desaladora de El Panul podría estar lista el año 2030, pero el problema es cómo se enfrenta la urgencia antes de esa fecha.
“Hemos sido enfáticos en señalar que una medida de urgencia, viable y concreta, que pueda dar solución en un año, son los pozos de emergencia, en los cuales estamos avanzando como Gobierno Regional, en conjunto con lo que se avanzó con las autoridades salientes. Ahora las estamos retomando con las autoridades entrantes del gobierno nacional para avanzar en estudios hidrogeológicos que definan en qué áreas desarrollar una batería de pozos que puedan dar tranquilidad a la población, bajo decreto de emergencia, si no contamos con la lluvia y nieve que requerimos anualmente”.
En ese marco de soluciones, la Comisión de Aguas y Recursos Hídricos del Consejo Regional levantó una mesa de trabajo con las juntas de vigilancia de los ríos Limarí y Elqui, por ser las provincias más críticas, en tanto la provincia de Choapa está en una condición favorable en cuanto a disponibilidad hídrica.
Como resultado de esa mesa, las juntas de vigilancia se comprometieron a avanzar en estudios y diseños hidrogeológicos que permitan constatar áreas donde haya mayor potencial para realizar pozos. Con esa información, el Gobierno Regional definirá cómo apoyar con recursos, en tanto articula con el Ministerio de Obras Públicas y con la DOH para su ejecución en conjunto.
Según lo señalado por el consejero Corral, la batería de pozos constaría de 20 a 30 pozos, distribuidos entre ambas provincias. Se trata de inversiones menores, con un costo de entre $100 y $150 millones por cada pozo, mientras se avanza en generar otras infraestructuras o sistemas de mayor sustentabilidad, como la desaladora de El Panul y otros que están en curso, como el proyecto AguaTerra, ubicado al norte de La Serena; el proyecto de desalación de Huentelauquén; la infraestructura de reúso de agua que impulsa el Gobierno Regional, y las impulsiones necesarias para la conducción de esas aguas.
Cambio de paradigma
Sobre esta problemática, la consejera Valeria Chacana, vicepresidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, dijo compartir totalmente la idea de solicitar al gobierno central que declare Emergencia Hídrica y Prioridad Nacional a la Región de Coquimbo, pero también señaló que es necesario un cambio de paradigma en la región frente al cambio climático.
“Lo que necesitamos es voluntad política para reconocer la situación que vivimos en la Región de Coquimbo, más allá del contexto de emergencia, y asumir que vamos a necesitar un cambio radical respecto de la lógica con la cual hoy día estamos planificando la agricultura o abordando el tema hídrico”, sostuvo.
Agregó que “la urgencia está primero, pero también pasa por asegurar el consumo humano para las comunidades, porque en la Región de Coquimbo hay sectores rurales que se abastecen mediante camiones aljibe que no siempre dan abasto. En ese sentido, como Consejo Regional, tenemos la misión de buscar mecanismos que nos permitan contar con soluciones más sostenibles en el tiempo, a propósito de la realidad que vivimos”.
En este caso, indicó que existe la propuesta de construcción de pozos presentada al CORE por el exdelegado presidencial Galo Luna, ya que resulta más sostenible que el financiamiento de camiones aljibe, debido a su alto costo y a que no constituye una solución definitiva para las comunidades.
En cuanto al ámbito productivo, comentó que es importante que la Región de Coquimbo pueda adaptarse al proceso de desertificación que enfrenta, tal como lo señalan los expertos, y así modificar la lógica de la agricultura, incorporando nuevos métodos productivos y mayor tecnología. Precisó que es ahí donde el Consejo Regional y el Gobierno Regional tienen mucho que aportar, principalmente en recursos para avanzar en esa línea.