Un equipo interdisciplinario del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó esta semana el Complejo Penitenciario de La Serena, en el sector de Huachalalume, dentro de la agenda de este año del área penitenciaria. La Ley N.º 21.154 establece que el Comité debe examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben, pudiendo ingresar a los recintos que determine, en el momento que estime pertinente.
El equipo se concentró en tres espacios que concentran mayor exposición: el módulo destinado a personas LGBTI+, el módulo de máxima seguridad y la Sección Juvenil. La visita preventiva no persigue responsabilidades individuales ni resuelve casos. Busca los factores de riesgo y las brechas institucionales que pueden terminar afectando el trato de las personas bajo custodia del Estado, y mira también las condiciones en que trabajan los funcionarios.
El Complejo Penitenciario de La Serena es un recinto concesionado, donde servicios como la alimentación, el aseo, la lavandería y la mantención son ejecutados por una sociedad concesionaria. Sin embargo, el Estado sigue siendo garante de cada persona que mantiene bajo su custodia. Por ello, el Comité observa la unidad en su conjunto, incluidas las prestaciones del operador, y dirige sus recomendaciones a quienes son responsables de ellas: el Ministerio de Obras Públicas, que administra el contrato; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como mandante sectorial; y Gendarmería de Chile, responsable de la administración penitenciaria del recinto y titular indelegable de la custodia.
En terreno, el equipo se entrevistó con la inspección técnica de explotación, y el Comité abrirá un diálogo con la entidad estatal responsable de la supervisión del contrato. En una cárcel concesionada, buena parte de la información relevante se encuentra en los niveles de servicio comprometidos y en los informes de la inspección fiscal. Contrastar estos antecedentes con lo observado en terreno permite distinguir entre las situaciones que el sistema ya ha identificado y aquellas que no han sido medidas, donde pueden persistir riesgos. La ley faculta al Comité para solicitar estos antecedentes, por lo que este será el siguiente paso.
Lo recogido durante la visita de monitoreo alimentará el análisis, las conclusiones que se pondrán en conocimiento de las autoridades y las recomendaciones y el seguimiento que correspondan, en el diálogo con las instituciones que caracteriza este trabajo.