Tras utilizar diversas técnicas de investigación, los detectives del Cibercrimen Metropolitano y la Fiscalía de Coquimbo reunieron evidencias y formalizaron a cuatro imputados en diversas comunas de la región de Coquimbo.
Una serie de medios de prueba sobre la adquisición y almacenamiento de pornografía infantil reunió la PDI en conjunto con el Ministerio Público, gestionando la orden judicial para la entrada y registro de diversos domicilios ubicados en la Región Policial de Coquimbo.
“La investigación consideró el análisis criminal de las transferencias y descargas de contenidos con abusos sexuales, en internet y en redes sociales, que vulneraban los derechos de niños, niñas y adolescentes. En coordinación con la fiscalía de Coquimbo, desarrollamos la intervención simultánea en los inmuebles, con oficiales especializados y la colaboración del Departamento Forense Digital de la PDI para el análisis de los dispositivos, confirmando los delitos, incautando los equipos y procediendo con la detención de sus propietarios”, expresó el comisario Mauricio Araya, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen región Metropolitana.
“Es una investigación de un año a la fecha, y mediante técnicas especiales a cargo del personal de la PDI, logramos individualizar a 4 imputados de la región de Coquimbo, ingresando a sus domicilios en Salamanca, La Serena, Coquimbo, Vicuña y Huechuraba, en la región Metropolitana, por adquisición y almacenamiento de pornografía infantil. Este es un delito que, generalmente, se comete en la clandestinidad, y logramos establecer su participación incluso en foros, principalmente. Además, encontramos a un sujeto que producía contenido de explotación sexual y se encuentra en prisión preventiva”, detalló el fiscal Gianni Stagno, jefe (s) del Ministerio Púbico en La Serena.
Nuevamente la PDI y Fiscalía dan un certero golpe a ciberdelincuentes que se esconden detrás de una pantalla para cometer estos delitos de manera silenciosa, sin levantar sospechas al interior de sus casas o entre sus familias. Ahora los imputados que fueron detenidos deben dar la cara ante el tribunal que concedió 90 días para el cierre de la investigación.