El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena ha emitido un fallo histórico, condenando al Gobierno Regional de Coquimbo a pagar una indemnización de $12.000.000 por concepto de vulneración a la integridad psíquica de una profesional que fue víctima de acoso laboral por parte de la exgobernadora Krist Naranjo Peñaloza, entre 2022 y 2024.
La sentencia, dictada por la magistrada Karen Alfaro López, va más allá de la compensación económica. También ordena dejar sin efecto el cambio de funciones de la demandante y, como medida reparatoria, la realización de sesiones de capacitación obligatorias para toda la dotación del Gobierno Regional sobre derechos fundamentales en la administración pública.
Aislamiento y Desplazamiento Laboral Constituyeron Acoso Psicológico
El fallo judicial detalla que las conductas de la exgobernadora Naranjo constituyeron acoso laboral al ejercer violencia psicológica de forma sistemática y recurrente sobre la denunciante. “La Gobernadora Regional doña Krist Naranjo, superior jerárquico de la denunciante, ejerció violencia psicológica sobre esta última, de forma sistemática y recurrente (desde diciembre de 2022 y agravados desde noviembre de 2023), en el ejercicio de las funciones de actora, perturbando el desempeño de sus funciones, aislándola de la toma de decisiones propias del cargo de la demandante desempeñaba como jefa subrogante, y logrando cambiarla del cargo que había ejercido por 16 años, sin justificación suficiente”, consigna la resolución.
La magistrada Alfaro López enfatizó que el foco del juicio no era la legalidad de los actos administrativos, sino la forma en que se desarrolló la relación jerárquica. Subrayó que “el hecho que un funcionario manifieste una opinión jurídica contraria a la postura de la jefatura regional no es justificación para cambiarle de funciones”.
Medidas Reparatorias y Reafirmación de Derechos Fundamentales
La sentencia establece explícitamente:
- Acogimiento de Tutela por Acoso Laboral: Se declara que el Gobierno Regional de Coquimbo incurrió en conductas de acoso laboral, vulnerando el derecho fundamental a la integridad psíquica de la demandante.
- Restitución de Funciones: Se deja sin efecto el cambio de funciones y nueva destinación de la demandante, notificada el 19 de diciembre de 2023, y se dispone su restitución a su cargo y funciones anteriores dentro de los cinco días de ejecutoriada la sentencia.
- Indemnización por Daño Moral: Condena al Gobierno Regional de Coquimbo al pago de $12.000.000.
- Capacitación Obligatoria: El Gobierno Regional deberá capacitar a toda su dotación sobre la protección de derechos fundamentales en la Administración Pública. La capacitación, de no menos de 12 horas cronológicas (con al menos 3 sesiones presenciales), deberá ser impartida por un profesional experto en Derecho Laboral y Seguridad Social con grado de Magíster y con publicaciones relevantes en la materia. El plazo para su cumplimiento es de 4 meses desde la ejecutoria de la sentencia.
- Rechazo de Otras Vulneraciones: Se rechazaron las acciones de tutela relacionadas con la vulneración de la integridad física, el derecho a la honra y la garantía de no discriminación.
- Costas: Cada parte asumirá sus propias costas procesales.
La jueza Alfaro López detalló que las acciones de acoso se tradujeron en el aislamiento de la víctima, al no hacerla partícipe de decisiones inherentes a su cargo, no invitarla a reuniones relevantes y tomar decisiones en su ámbito de competencia sin consultar su opinión. Además, se consideró una acción vulneratoria clave el cambio de funciones de la denunciante, quien, siendo la funcionaria con mayor antigüedad en su unidad y jefa subrogante, fue desplazada a una unidad distinta con funciones de menor complejidad.
“De esta forma se logró establecer que esta serie de conductas que se prolongaron desde fines del año 2022 hasta principios del 2024, generaron en la denunciante una afectación psicológica que fue así también determinado por la Mutual de Seguridad, estableciéndose que tenía una enfermedad profesional originada por las conductas ejecutadas por la anterior gobernadora”, concluyó la magistrada.
Este fallo sienta un importante precedente en la lucha contra el acoso laboral en el sector público, reafirmando la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en Chile.
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