Este viernes se realizó en la pequeña localidad de Quilimarí una sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputados que busca reunir antecedentes sobre las acciones contaminantes de la empresa sanitaria Aguas San Isidro en todo el territorio nacional.
Una sesión que se hizo por expresa solicitud de la diputada Nathalie Castillo (PC) durante enero, con el fin de trasladar la comisión a zonas que han sido afectados por las operaciones de la empresa.
Precisamente, tras finalizar en Quilimarí, la comisión se trasladó hasta Los Molles, región de Valparaíso, para continuar recibiendo en audiencias a organizaciones sociales ambientales y juntas de vecinos que acusan a la sanitaria de contaminar el agua.
Para María Lilian Benjan Núñez, de la comunidad de Quilidangui, la sesión fue bastante “realista, en el sentido de que la conversación era entendida por todos. Como activista social, yo veo el abuso y maltrato de la empresa San Isidro hacia lo vecinos que no tienen los recursos para defenderse”.
Recordemos que la sanitaria fue recientemente sancionada por la Dirección General de Aguas (DGA) por 132.937.000 pesos luego de infringir el Código de Aguas en al menos tres oportunidades en la localidad de Quilimarí.
La parlamentaria Castillo destacó la instancia ya que permitió a las comunidades explicar en terreno las principales afectaciones de San Isidro en sus territorios.
“Llevamos dos meses, 15 días de trabajo constante conociendo a las comunidades y sus problemáticas. Esperamos que hayan quedado conformes; sabemos que hay desconfianza de lo procesos que se realizan en la institucionalidad pero estar en terreno y alternativas en terreno, co legislando, creo que es el camino correcto para avanzar en un mejor desarrollo social y humano para todos”, comentó.
La diputada Castillo, miembro permanente de la instancia desde su constitución el 12 de diciembre pasado, recalcó la transversalidad de la Comisión y a la vez destacó el consenso respecto a la continuidad operacional de la sanitaria.
“Hemos llegado a un acuerdo de solicitar al presidente Gabriel Boric que termine la concesión con esta empresa, que caduque el contrato y que podamos buscar una nueva fuente hídrica que garantice el derecho al agua de calidad y continuidad como así lo señala la ley”, concluyó.
Finalmente para Oscar Collao, coordinador de MODATIMA de la región de Coquimbo, “San Isidro funciona de manera irregular. Nosotros visitamos la zona junto al CORR Javier Vega y notamos las falencias (extracción irregular de aguas, contaminación de napas subterránea). Se las comunicamos a la gente, ellos interpusieron la denuncia de forma inmediata ante la DGA y se pudo producir la multa. Ahora eso no es nada comparado con el daño social y a la salud a las personas”.
“Nosotros estamos por apoyar y que las cosas cambien: unificar las fuerzas para que la planta de agua potable caduque y se pueda actuar de otra forma, quizás por medio de cooperativas, APR, buscar una alternativa a este mal actuar de esta empresa que tiene un alcance nacional”, subrayó.
