En el regreso presencial de los concejos de la municipalidad de La Serena, la concejala emplazó al alcalde a tener respuestas efectivas ante lo que significó más de $760 millones perdidos por “funcionarios fantasmas” en Departamento de Salud.
Uno de los grandes casos de corrupción que se han destapado en la Región de Coquimbo, es el que hoy afecta a la Corporación Gabriel González Videla, organismo que maneja los recursos de Educación y Salud dentro de la municipalidad de La Serena.
Justamente en este último departamento es donde Contraloría comprobó que entre 2020 y 2021 se pagaron $761.042.862 a 19 personas que no desempeñaron ninguna función conocida en la entidad.
Si bien el municipio de La Serena, encabezado por el alcalde Roberto Jacob, señala haber presentado una querella en febrero de 2022 y estar en procesos sumarios, se ha descartado tomar sanciones a los altos funcionarios de la corporación y el departamento de salud.
Así lo indicó la concejala Rayén Pojomovsky en la última sesión del concejo municipal de La Serena realizada este miércoles de manera presencial, como no ocurría hace mucho tiempo.
“Creo que también es importante poner hoy día plantear las responsabilidades políticas y administrativas, es un tema al que hoy como concejales y concejalas estamos llamados a empujar”, comentó la concejala ante el cuerpo colegiado.
Pojomovsky emplazó directamente a Jacob, señalando; “alcalde, acá en el municipio usted debiera tomar una decisión en torno a lo que sucede dentro de la Corporación, es algo que a mí por lo menos, me han emplazado mucho, la gente está pidiendo una medida, de esta manera se entrega a la ciudadanía una acción concreta”.
Ante la respuesta del alcalde, que retrucó: “En castellano, por favor, a qué se refiere”, la representante indicó que directamente “a remoción o suspensión de quienes permitieron que esto ocurriera”, en relación al millonario fraude ocurrido en la Corporación que él preside y que ha sido dirigida por personal de su confianza.
Este caso hoy se encuentra en manos de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna del Ministerio Público, y se encuentran desarrollando diversas diligencias para determinar las responsabilidades penales.
