Repercusiones tuvieron los dichos sostenidos en la edición de ayer de Diario La Región por parte del secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, Jorge Díaz Torrejón, a raíz del informe de Contraloría donde se señalaron diversas irregularidades en el pago de honorarios a «funcionarios fantasmas».
Según esta auditoría, se habrían detectado pagos a 19 personas por $ 761 millones, específicamente relacionados al Departamento de Salud de esta entidad. Los hechos habrían tenido lugar entre 2020 y 2021, en plena pandemia, por lo que la corporación habría presentado querellas en 2022. Además, según el ente privado que maneja recursos municipales, se procedió al despido de dos funcionarios involucrados.
«La verdad es que como corporación estamos indignados, porque este es un fraude que detectamos luego de una investigación interna. Es lamentable, porque todo esto ocurrió en plena pandemia, donde una gran mayoría de funcionarios se abocaron a salvar vidas y un grupo de personas aprovecharon esta debilidad para poder defraudar a nuestra corporación (…) Esperamos que estos delincuentes puedan pagar», subrayó el secretario general de la CGGV.
Estos dichos no resultaron indiferentes para miembros del cuerpo colegiado, que solicitaron acciones más determinantes para así afrontar una situación que vuelve a poner el manejo de la Corporación Gabriel González Videla en el «ojo del huracán».
«NOS ENTERAMOS POR LA PRENSA»
La concejala Daniela Molina sostuvo que solicitó en forma insistente información a la Corporación Gabriel González Videla. «En un principio teníamos la información de que se trataba de sólo 100 millones, y de hecho el ex secretario general de la corporación, Ernesto Velasco, nos señaló que todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, pero que no nos podían entregar detalles porque era parte de una investigación».
La autoridad aseguró que «después nos encontramos con la sorpresa de que eran casi 800 millones, lo que es bastante grave, porque considero que se nos oculta información para que esto no sea investigado o no podamos enterarnos. Nosotros como concejales tenemos la obligación de tener esta información a la vista y poder hacer gestiones o llevar adelante acciones legales. De hecho, me pregunto si es que habrán llevado adelante acciones en contra de Patricio Bacho, quien era secretario general de la Corporación Gabriel González Videla cuando ocurrió todo esto. Él fue desvinculado sin dar ninguna explicación».
El concejal Camilo Araya aseguró que, si no fuera por las denuncias anónimas en redes sociales que alertaron de estos hechos, quizás esto no se habría sabido. «Yo como concejal puse este tema en el Concejo, alerté y advertí respecto a las múltiples veces que el alcalde pidió entregar cientos de millones el año pasado a la Corporación Municipal Gabriel González Videla y no se decía nada. Yo pedí por ley de transparencia esta información a la corporación y se me negó. Se dieron los máximos plazos para ganar tiempo y finalmente me respondieron por oficio que no me entregarían esos datos».
El miembro del cuerpo colegiado opina que «las denuncias en tribunales por parte de la Corporación Gabriel González Videla se hicieron por cumplir. Fueron ingresadas al Poder Judicial y son cero aporte, no denuncian prácticamente nada y no entregan ningún antecedente de valor a la investigación», concluyó.
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