Ilícitos perpetrados a fines de noviembre del año pasado, en la comuna de Paihuano.
El Juzgado de Garantía de Vicuña dejó hoy –jueves 6 de julio– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a W. E. I. R., sindicado por el Ministerio Público como autor de los delitos de secuestro con homicidio e inhumación ilegal.
En la audiencia de formalización de la causa, donde existen otros ocho formalizados con anterioridad, el magistrado Felipe Ravanal Kalergis ordenó el ingreso de Iglesias Rojas al Centro de Penitenciario Huachalalume de la Serena, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de investigación que, el pasado 5 de junio, se extendió por 60 días.
Al resolver la cautelar, el juez Ravanal Kalergis consideró que: “Como bien lo señaló tanto la fiscalía como la querellante, el delito de secuestro con homicidio está sancionado con la pena más alta, precisamente porque afecta la vida, la libertad y la seguridad individual. Tres bienes jurídicos fundamentales para la sociedad. Por lo tanto, si a eso se le suma el número de delitos que se le imputa, que es otro criterio, y el carácter de los mismos; es decir, la circunstancia propia de su desarrollo y su comisión, o el detalle en el fondo de cómo un delito se diferencia de otro, en este caso no es un homicidio cualquiera, se trata de un homicidio con circunstancias que aumentaron el dolor de la víctima innecesariamente”.
“Entonces, la lógica que está detrás de todas estas normas es el hecho de que si alguien es capaz de transgredir estos bienes jurídicos es porque no respeta los límites que establece la sociedad para efectos de convivir en forma armónica y sana. Y eso hace pensar que si es puesto en libertad, pueden insistir en cometer hechos como aquel por el cual se le ha formalizado.
Pero además, otro criterio que establece el legislador es el hecho de que existan procesos pendientes y en este caso existen dos. Y por último, como criterio final, el hecho de haber actuado un grupo o pandilla. Es decir, en este caso se dan todos los criterios de peligrosidad que establece el legislador para estimar que la libertad de alguien es peligrosa para la sociedad”, concluyó.
Según el ente persecutor, en la comuna de Paihuano a eso de las 22 horas del 28 noviembre de 2022, W. E. I. R, junto a otros coimputados se trasladaron en automóvil a la ribera del río Claro en el sector La Rinconada, donde secuestraron a la víctima, que fue llevada mediante engaños por una imputada y, luego de golpearlo, lo llevaron en el móvil a un vivienda de la comuna, donde lo amarraron y golpearon en el rostro y cuerpo hasta provocarle la muerte.
Al día siguiente, el 29 de noviembre, con la finalidad de hacer desaparecer el cuerpo y cualquier indicio del secuestro y homicidio, W.I colaboró para trasladar a la víctima en un automóvil hasta una quebrada en la ruta Antakari de la comuna Vicuña, lugar donde lo enterraron para luego regresar todos hasta el inmueble en Paihuano, lugar que fue limpiado por otros tres coimputados, uno de los cuales borró además los discos duros de las cámaras de seguridad que había en el domicilio.
