Luego de 13 años de tramitación, la Ley para la Naturaleza finalizó su tramitación legislativa luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el informe que emitió la Comisión Mixta a fines de mayo. Así, el proyecto quedó listo para su promulgación.
Con 131 votos a favor la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el informe de la Comisión Mixta que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), quedando ad-portas de convertirse en ley y que busca resguardar la naturaleza.
Esta ley llevaba 13 años de tramitación en el Congreso y permitirá concretar la creación de un organismo público para el cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad que se encuentran al interior y exterior de esos territorios. Además, este nuevo servicio podrá enfrentar de mejor manera las graves crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático que afectan a Chile y al planeta.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que “hoy nuestro país dio un paso histórico para la protección de nuestra rica naturaleza. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una poderosa herramienta para hacer frente a la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile y al mundo entero”.
La ministra agregó que “como Gobierno estamos convencidos de que enfrentar la crisis de pérdida de especies y ecosistemas es un imperativo, y la creación del SBAP es una condición habilitante para aquello, porque dotará al país de un servicio público 100% enfocado en la protección de naturaleza terrestre y marina, que además contará con el financiamiento para gestionar las áreas protegidas”, agregó.
El proyecto de Ley para la Naturaleza ingresó al Congreso como un requerimiento para completar la institucionalidad ambiental chilena, conformada actualmente por el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los tribunales ambientales.
Áreas Protegidas de la región de Coquimbo
Según el Ministerio del Medio Ambiente en la región de Coquimbo existen áreas protegidas con diferentes categorías de conservación, tales como: 1 Parque Nacional, 2 Reservas Nacionales, 1 Monumento Natural, 4 Sitios Ramsar, 10 Santuarios de la Naturaleza, 2 Bienes Nacionales Protegidos y Reservas Marinas.
Al respecto, el Seremi del Medio Ambiente de la región de Coquimbo Leonardo Gros destacó que “desde hoy vamos a contar una ley de resguardo para la naturaleza que permitirá contar con un servicio técnico dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, especializado en la administración, el manejo y la proyección de todos los ecosistemas que están bajo distintas figuras de protección.”
Actualmente estos lugares de abundante flora y fauna son administrados por diferentes servicios públicos, entidades privadas y comunidades agrícolas. La aprobación del SBAP permitirá concentrar la gestión y supervigilancia de las áreas protegidas en una sola entidad, haciendo más eficiente la gestión del Estado. Además, se podrá trabajar en planes para el control y la erradicación de especies exóticas en ecosistemas relevantes, resguardando toda la biodiversidad del país.
El SBAP se levanta sobre cuatro pilares:
- Crea un servicio público robusto que se encarga de la protección de la biodiversidad.
- Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora estaban repartidas en más de 5 servicios públicos, provocando un manejo desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021.
- Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales.
- Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%.
