A partir de 2024 se comenzará a recaudar recursos provenientes de este nuevo esquema tributario alas mayores empresas del sector. Un tercio de los recursos, unos US$ 450 millones, serán distribuidos para impulsar el desarrollo de las regiones y comunas del país.
Ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “este es un proyecto pro-crecimiento, porque los recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y desarrollo y en reducir la inseguridad en Chile”.
Luego de más de cuatro años de tramitación, el Congreso despachó para ser
promulgado como Ley el proyecto de Royalty a la Gran Minería del cobre, iniciativa que forma parte de la Reforma Tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Hoy, en sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó (por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones) las enmiendas realizadas por el Senado y, de esta forma, el proyecto finalizó su tramitación parlamentaria.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional.
Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuáles US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la visión de los diputados que iniciaron esta moción en 2018 y el aporte de los parlamentarios y de la industria que permitió perfeccionar el proyecto durante su tramitación, de modo tal que el Estado aumentará su participación en las rentas económicas de la minería y, al mismo tiempo, se mantiene el desarrollo sostenible de la industria.
“Hoy podemos decirle al mundo minero que va a tener que pagar mayores impuestos, pero ya saben cuáles son. Van a estar en condiciones de poder evaluar con certeza sus proyectos, poder ponerlos en marcha y poder materializar inversiones que son muy
importantes en este sector”, señaló.
Sobre los recursos para las regiones y comunas, la autoridad agregó que “estamos hablando de un tercio de la recaudación en régimen. Los otros dos tercios van, en los primeros años, a financiar el esfuerzo para mejorar la capacidad de nuestras policías, de nuestro sistema de administración de justicia para reducir la delincuencia en Chile. También van a haber recursos para aumentar inversiones más allá de las que realicen los gobiernos
regionales y locales.
Y también vamos a tener recursos para invertir en investigación y desarrollo y, por esa vía, darle un impulso al crecimiento del país. Entonces, este es un proyecto pro-crecimiento, porque los recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y desarrollo y en reducir la inseguridad en Chile”.
La ministra de Minería, Marcela Hernando, indicó que “uno de los aspectos más importantes para el sector y la inversión minera, es la certeza jurídica. Existen en la actualidad, US$ 73.600 millones en 53 proyectos mineros, cuya inversión está avanzada en un 60%. Esa inversión tiene más posibilidades de concretarse al 2031 ahora que contamos con un Royalty. Durante el 2022, tuvimos diálogos permanentes con distintos actores de la industria, la mayoría de ellos, grandes mineras, estuvieron de acuerdo con este royalty”.
A lo que agregó que, “este es un momento histórico, por fin tenemos una propuesta de Royalty que logra convertirse en ley y creo que las razones están en que todo el país está involucrado, es porque este proyecto representa la oportunidad de legislar en beneficio de todo Chile”.
Mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, destacó que “más que una buena noticia para el Gobierno, es una buena noticia para el país. Valoramos la disposición de los parlamentarios para aprobar y despachar en este importante proyecto, que permitirá que las regiones y comunas cuenten con mayores recursos, avanzar en descentralización efectiva y mayor equidad territorial. Se generarán ingresos adicionales que permitirán impulsar iniciativas en beneficio de los chilenos y chilenas. Sin duda es un gran paso y esperamos que el diálogo y el entendimiento sigan primando para poder avanzar en las distintas medidas que las personas esperan”.
Finalmente, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, señaló que “esta iniciativa va a beneficiar a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y municipios, así como otras líneas de acción del gobierno, permitiendo una inyección de recursos muy importante para profundizar la descentralización fiscal. Son US$ 450 millones que van a permitir que los territorios tengan más autonomía y profundizar en el desarrollo con sentido de equidad”.
Principales detalles del proyecto
El proyecto aprobado establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos.
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional).
Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Protocolo de Acuerdo
Durante su tramitación en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país:
Medidas en la Ley de Presupuestos 2024 – 2025
a. Un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que éstos percibirán con cargo al Royalty Minero desde 2025.
Esto equivale a US$ 112,5 millones a beneficio de los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; US$ 85 millones para el Fondo de Equidad a distribuir entre las comunas con
mayor dependencia del Fondo Común Municipal; y US$ 27,5 millones a beneficio del Fondo
de Comunas Mineras.
b. Un fondo plurianual para la Seguridad Ciudadana en la Ley de Presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de US$ 350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero, desde 2025.
c. Establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en
infraestructura productiva en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota a
Coquimbo), que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Para esto se contemplarán recursos por un promedio de US$ 200 millones anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026.
Medidas en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes
a. Una revisión de la fórmula de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
b. Obligación de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y operación de los gobiernos regionales, además de la evaluación de los programas que ejecuten.
c. Una actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal,
incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, tales como pobreza
multidimensional.
Fortalecimiento de instituciones ligadas a la minería
a. La coordinación de instituciones fiscalizadoras en relación con la tributación minera,
generando mecanismos de colaboración e intercambio de información permanente entre el
Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco).
b. La coordinación de la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que
pudieran poner en peligro la integridad de trabajadores e instalaciones industriales.
c. La reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental.
Para ello se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta.
