En la cita también participó el diputado por la región de Tarapacá, Matías Ramírez.
Los diputados del PC por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo y por Tarapacá, Matías Ramírez, se reunieron con la máxima autoridad del Ministerio Público para plantear sus inquietudes en materia de avance indagatorio en causas de violación a los derechos humanos en el marco de la revuelta social del 2019.
Entre los principales planteamientos se encontró la preocupación de los congresistas por el retraso en los avances en las investigaciones de causas por violación a los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en causas absolutorias que, según información de la entidad pública, de diez mil setecientas causas, al menos un 25% de ellas quedaron sin responsables.
Al respecto el diputado Matías Ramírez indicó que “en el marco de los 50 años desde la dictadura cívico militar, no podemos permitir que se continúe bajo la sombra de la impunidad. El mandato es claro; la justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo indicó en la reunión con el Fiscal Nacional la necesidad de garantizar a la ciudadanía el acceso oportuno y debido a la justicia, y con ello la necesidad de esclarecer la ruta de trabajo al interior del Ministerio Público en línea con los estándares internacionales de DD.HH.
“En una nueva conmemoración del quiebre democrático y la reiteración en la violación de los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social, una señal clara del Ministerio Público debe ser otorgar celeridad en la investigaciones para lograr condena a todos los responsables”.
Así, Valencia explicó que “se ha estado trabajando en la transversalidad de la unidad de DD. HH que implique un enfoque sobre causas que implique a niños, niñas y adolescentes, con otra unidad de género, y también de las diversidades”.
Además, el persecutor ratificó ante los parlamentarios que “se han hecho capacitaciones en protocolo de Estambul por ejemplo a funcionarios del Servicio Médico Legal, a quienes se les entregó un instructivo para fortalecer el servicio y apurar las pericias por denuncias de violación de DDHH con un criterio de priorización para agilizar la investigaciones, con criterios de gravedad en torno a grupos de especial protección”.
Con ello, Valencia manifestó que “vamos a dar cumplimiento estricto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ello creamos una unidad especializada en la materia, haciendo las modificaciones pertinentes para que las causas de DD. HH prosperen”.
Prisión Preventiva
En materia migratoria, los parlamentarios igualmente manifestaron su preocupación por las declaraciones del Fiscal Valencia en torno a la prisión preventiva de personas extranjeras que no cuenten con su identidad y que hayan sido detenidos.
Desde la entidad señalaron que la instrucción no se trataría en ningún caso por “estigmatizar ni perseguir a un grupo en particular”, sino que apunta a la necesidad de gestión en materia de lograr identificar a quienes cometan delitos en nuestro país.
Con ello, la diputada Castillo valoró la manifestación de compromiso por el respeto a los estándares internacionales de DD.HH, agregando también la necesidad de celeridad en indagatorias en causas de femicidio que alcanzó los 53 casos en 2022.
“Papayagate”
La congresista también solicitó mayor celeridad respecto al caso de corrupción conocido como “Papayagate” que involucra ex funcionarios del Gobierno Regional y a la exintendenta, Lucia Pinto, en la compra de terrenos ubicados en el sector de San Ramón a un grupo de inmobiliarias por un monto 9.800 millones de pesos.
“Para nosotras y nosotros es elemental en nuestra región que se den sanciones ejemplificadoras y una señal clara para el combate contra la corrupción”, concluyó Castillo.
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