El territorio fue la zona del país donde más se hurtó este conductor metálico, lo que provocó que casi 50 mil clientes vieran interrumpido su suministro de energía. En total, hubo 94 incidentes que provocaron daños en las instalaciones de CGE en seis comunas.
El robo de cables es un delito que se ha vuelto cada día más común, afectando fuertemente a las instalaciones eléctricas y a la calidad y continuidad del servicio para clientes de amplias zonas del país.
Según datos de la compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, entre enero y diciembre de 2022 se registraron 854 eventos de robo de cables en redes de Baja y Media Tensión a lo largo de su zona de concesión.
Como resultado de esto, las bandas delictuales se han apropiado ilegalmente de más de 42 toneladas de cable de cobre, con un valor estimado en más de 363 millones de pesos sólo en este material metálico.
Asimismo, el gasto en que ha debido incurrir la compañía para normalizar los servicios eléctricos y la infraestructura dañada en estas acciones, sobrepasa los 2.977 millones de pesos en el mismo periodo.
En ese sentido, la zona del país más afectada por este ilícito fue la Región de Coquimbo, la que registró 94 incidentes que terminaron con daños en las redes eléctricas y el hurto de 65.123 metros de cable de cobre. En total, fueron 49.826 clientes quienes vieron interrumpido su servicio eléctrico durante el periodo.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la distribuidora eléctrica, seis comunas concentraron la ocurrencia de este delito el año pasado. La lista fue encabezada por Monte Patria con 16.490 metros, seguida por La Higuera con 15.700 y Coquimbo con 14.715. Más atrás se ubicó La Serena con 6.810 metros, Punitaqui con 5.708 y cerró el listado Ovalle con 5.700 metros.
Delitos a nivel nacional
Matías Hepp, director de Operaciones de CGE, explicó que en el último año estas bandas delictuales han sustraído más de 169.236 metros de cable de cobre (169,2 kilómetros). Esto es un incremento del 217% en la cantidad de metros de cable robado respecto de los 53,3 kilómetros sustraídos por delincuentes entre enero y diciembre de 2021.
“El robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico, y puede afectar la seguridad de la población, causando accidentes, incluso con resultados de muerte, para las personas que manipulan las instalaciones sin autorización.
Durante el año 2022 se vieron afectados con alguna interrupción de suministro 277 Mil Clientes, debido a esta intervención de terceros. Estas son bandas organizadas, constan con elementos, equipos y tecnología, y su accionar tiene un impacto negativo en la calidad del suministro eléctrico de las personas”, señaló el ejecutivo.
Si bien este es un delito que está extendido por todo el territorio donde opera CGE, las zonas que registran un mayor número de incidentes -medido por la cantidad de metros de cable robado- son, tal como se dijo anteriormente, la Región de Coquimbo, con más de 65 mil metros de cable sustraído en los últimos 12 meses; de O´Higgins con 46.400 metros de cable robado; Arica-Parinacota y Tarapacá con 25.700 metros de cable de cobre robado; Atacama (9.700 metros robados) y Biobío (3.500 metros robados), Maule (14.300 metros de cable) y la Región Metropolitana, con 2.200 metros de cable robado.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, precisó Matías Hepp.
Pero no sólo los clientes han sido afectados. En 2022, siete personas han fallecido intentando realizar estos delitos en las comunas donde presta servicio la compañía, demostrando el peligro de intervenir las redes eléctricas y el accionar de las mafias que están tras este ilícito, los que presionan a personas vulnerables para concretar estos delitos.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó.
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