La iniciativa, que ahora será analizada por la Comisión de Hacienda del Senado, crea un
impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería, y modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto que fluctuará entre 8% y 26% del margen operacional de las
grandes empresas mineras productoras de cobre.
Previo a la votación, el Ejecutivo presentó indicaciones que aumentan a US$ 450 millones los recursos de la recaudación del Royalty que se distribuirán a regiones y municipios del país, a través de tres nuevos fondos.
Las autoridades presentes destacaron el avance del proyecto, que se enmarca en la Reforma Tributaria del Gobierno.
La Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó y despachó el proyecto de ley de Royalty Minero, iniciativa que modifica la tributación de las empresas del sector y que busca que una parte de su recaudación sea destinada a investigación y desarrollo y a los gobiernos locales y regionales. Ahora, el texto pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta para su revisión.
Cabe recordar que las primeras indicaciones al proyecto fueron presentadas en julio de 2022, como una de las materias que contempla la Reforma Tributaria del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en octubre pasado se ingresó otro paquete producto de conversaciones con el sector privado y los parlamentarios de la instancia especializada.
Entre otros aspectos, se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%.
Para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación. Además, se propuso establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas métricas de cobre fino, excluyendo de esta forma a la mediana minería. En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.
Ambos artículos fueron aprobados hoy en votaciones separadas (3 votos a favor y 2 abstenciones en el primer caso; y 4 votos a favor y 1 abstención en el segundo), mientras que el resto del articulado fue despachado por unanimidad de los senadores de la comisión: la presidenta Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), José Miguel Durana (UDI), Rafael Prohens (RN) y Esteban Velásquez (FRVS).
Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció el trabajo realizado durante los últimos meses por los parlamentarios de la Comisión, destacando que esta iniciativa genera desafíos importantes tanto para la industria minera local como para el manejo de los recursos fiscales.
“De parte nuestra ha existido toda la disposición para contribuir a acercar posiciones y generar un nuevo royalty que incremente los recursos fiscales que, a su vez, también puedan canalizarse en parte importante a las regiones y comunas, incluyendo aquellas que se ven más afectadas por la actividad minera. Y, asimismo, poder invertir desde el Estado en materias que ayuden a diversificar la base productiva del país”, comentó.
En tanto, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Nicolás Cataldo, destacó ante la Comisión que “tenemos una muy buena noticia para los municipios del país, ya que en el proyecto de ley se crean dos nuevos fondos que van a ir destinados a los municipios con mayor dependencia al Fondo Común Municipal, que tienen menores ingresos permanentes y que más lo necesitan. Y también a aquellas comunas mineras que asumen las externalidades negativas de lo que es el proceso minero”.
Y agregó que “estamos dando un paso importante en los compromisos que nuestro Presidente Gabriel Boric hizo en el marco de su programa de gobierno, y también
aquellos que se formularon durante los últimos meses en encuentros con alcaldes y alcaldesas a nivel nacional”.
En tanto, tras la aprobación de la iniciativa, la ministra de Minería, Marcela Hernando, destacó que “el proyecto ha ido generando los consensos necesarios para su avance, se dialogó y se recogieron las sugerencias de los senadores, de los gremios y de otros invitados para generar mecanismos de retribución justa de la explotación de recursos naturales sin perder competitividad en los mercados internacionales”.
Aumento de fondos para regiones
Previo a la votación en la Comisión, el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones que modificaban la distribución de los recursos recaudados por el Royalty a regiones.
En total, se inyectarán U$ 450 millones a comunas y regiones del país, con foco en las zonas mineras, cifra por sobre los US$ 420 millones contemplados en octubre pasado.
Este nuevo monto representa un 36% de la estimación de recaudación del Royalty, y eleva en un 17% los recursos propios de gobiernos regionales y municipios, y cuadruplica los aportes fiscales a municipios.
La distribución se realizará a través de tres fondos:
• El Fondo de compensación de externalidades para las Comunas Mineras recibirá una
inyección de U$ 55 millones anuales (800.000 UTM), lo que representa un aumento de US$
35 millones respecto a las indicaciones de octubre. Además, se amplía la definición de
comunas beneficiarias a aquéllas que posean faenas distintas a un yacimiento, pero
relacionadas directamente con la actividad minera.
• El Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial contará con recursos por US$ 170 millones
anuales (2.500.000 UTM), lo que implica un incremento de US$ 100 millones respecto a las
indicaciones de octubre. Además, se perfecciona la redacción respecto de las reglas de
distribución, se establece que los ingresos del año anterior se considerarán en el cálculo, y
que el pago se efectuará en cuatro cuotas anuales en vez de dos.
El Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo recibirá un aporte anual de US$ 225 millones, y se distribuirá de acuerdo con las reglas del Fondo Nacional por el Desarrollo Regional.
Adicional a estos incrementos, se explicita que los fondos a beneficio municipal serán de libre
disposición y podrán utilizarse sin límites temporales, pudiendo acumularse de un año a otro.
Además, se agrega una norma de publicidad y control del uso de los recursos, debiendo el Congreso ser informado al respecto.
