Según datos presentados en la querella, en el transcurso de los últimos diez años las Isapres habrían percibido por concepto de “excesos de cotización” una cantidad que oscila entre los 630 y los 810 mil millones de pesos. “De corroborarse, lo convertiría en el mayor fraude contable de la historia de nuestro país”, advirtió el abogado querellante, Matias Coll del Río.
El abogado Matías Coll del Río interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía en contra del ex Superintendente de Salud, Luis Romero Strooy, y las Isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Colmena, Nueva Más Vida y Cruz Blanca, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito informático y lavado de activos desde octubre de 2011 a la fecha.
Según expone el documento legal, Luis Romero Strooy, nombrado como Superintendente de Salud en julio de 2010 por el ex Presidente Sebastián Piñera y el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, habría instruido a través de un oficio ordinario a los directores y gerentes generales de todas las Isapres, agrupadas en la Asociación de Isapres de Chile, a “congelar” el precio por cambio de tramo etario establecido a partir de la tabla de factores de riesgo pactada en los contratos con sus afiliados.
Esto, como medida para contrarrestar los efectos de la sentencia entregada por el Tribunal Constitucional que el 6 de agosto de 2010 declaró inconstitucionales las normas legales que permitían alzas exponenciales del precio de los planes de salud por razones etarias.
De manera simultánea y coincidente en el tiempo, todas las Isapres obedecieron la instrucción del oficio ordinario enviado el 18 de marzo de 2011 por el ex Superintendente de Salud, dejando de cumplir con la obligación legal que tenían de reducir el factor de riesgo etario de sus beneficiarios, y lo que por consecuencia bajaría el precio de los planes de salud a los afiliados que correspondiera.
La modificación unilateral de los contratos de salud afectó a cientos de miles de beneficiarios cuyos factores de riesgo debían reducirse al cumplir una determinada edad.
“Estamos hablando principalmente de todos los niños y niñas que cumplieron 2, 5 ó 6 años de edad durante el periodo comprendido entre el año 2011 y 2020, pero también de todas las mujeres que en ese mismo lapso de tiempo cumplieron 38 o 40 años, cuyos factores de riesgo se debían reducir al salir de la edad considerada fértil, lo que debía traducirse en una reducción de la cotización que pagaban por sus planes de salud”, expresó el abogado querellante.
La querella presentada por el abogado Coll, expone que las Isapres alteraron el algoritmo o fórmula matemática que se emplea para calcular la cotización total a pagar, apropiándose de cotizaciones superiores a las pactadas durante una década.
Además, esta modificación en los contratos de salud no fue comunicada por las Isapres a las personas afectadas, lo que debieron haber realizado legalmente a través de las cartas de adecuación que éstas envían cada año a sus afiliados para informarles sobre las alzas del precio base.
Así mismo, las Isapres no declararon los “excesos de cotización” que percibieron en el curso de los últimos diez años como consecuencia del congelamiento de los factores de riesgo etarios, sino que los registraron como “ingresos operacionales”.
Según datos presentados en la querella, en el transcurso de los últimos diez años las Isapres habrían percibido por concepto de “excesos de cotización” una cantidad que oscila entre los 630 y los 810 mil millones de pesos, “lo que de corroborarse lo convertiría en el mayor fraude contable de la historia de nuestro país”, advirtió Coll.
A raíz de lo anterior, la querella interpuesta por el abogado Matías Coll, solicita que se realice una auditoría contable a las respectivas Isapres para establecer las sumas indebidamente apropiadas e individualizar a las víctimas, las que según cálculos de los abogados querellantes, serían centenares de miles de afiliados.
Según documentos que integran la carpeta investigativa del caso, a la fecha se registran 11.213 afiliados que se percataron de la modificación unilateral de sus contratos y reclamaron formalmente por la no reducción de los factores etarios de sus beneficiarios, casos en los cuales la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud falló a favor, estimando que la mantención del factor de riesgo fijado en las tablas para el tramo etario anterior era una conducta que contravenía el contrato de salud, “contrario a la buena fe”, y que “produce un enriquecimiento indebido o sin causa”, e instruyendo a la devolución de las cotizaciones cobradas en exceso.
La querella criminal por colusión contra el ex superintendente de salud Luis Romero Strooy y las Isapres fue declarada admisible el 21 de octubre de 2021 por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y remitida al Ministerio Público para ser investigada.
Los involucrados ya están siendo citados a declarar, entre ellos el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
