El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, sostiene que la medida impulsada por el Ministerio de Energía y la CNE, que obligará a empresas a reponer el servicio en menos de la mitad del tiempo establecido actualmente, no soluciona el problema de fondo: de que no existen sistemas automatizados para determinar a tiempo dónde se ubica la falla que provoca la interrupción del suministro. “Si no se obliga a la empresa a invertir para hacer mantenimiento preventivo, correctivo y preparar capital humano avanzado, esta norma no tendrá el impacto que se espera”, sostiene.
El Ministerio de Energía y a la Comisión Nacional de Energía (CNE) presentaron una nueva norma que determina, en caso de una interrupción “normal” de suministro (no nevazones u otros eventos climáticos), que las empresas deberán reponer el servicio en la mitad del tiempo que podían hacerlo actualmente. Es decir, de las actuales veinte horas, el límite pasó a las nueve.
El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, considera que la medida es “superficial” y “paliativa” ya que, desde su punto de vista, no soluciona el problema de fondo. Es decir, que ante la gran extensión y complejidad de la red de distribución, no existen sistemas automatizados que permitan determinar el punto exacto de una falla en tiempos razonables. Por lo tanto, considera que lo primero es obligar a las empresas a invertir para mejorar sus capacidades.
“Si no se obliga a la empresa a invertir para hacer mantenimiento preventivo, correctivo y preparar capital humano avanzado, esta norma no tendrá el impacto que se espera”, sostiene. “Quedó demostrado en el invierno pasado que no existe el capital humano necesario para poder determinar la falla. Si bien el lapso que se establece será menor, dudo que las fallas y los tiempos de reposición vayan a disminuir”, insiste.
De acuerdo al especialista, la normativa debiera hacer hincapié en que las empresas demuestren labores de monitoreo y herramientas que les permitan obtener un detalle respecto a lo que ocurre en la red de distribución. Esto, a su juicio, podría realizarse aumentando los costos de operación y mantenimiento de una ‘empresa modelo’, firma ficticia que sirve a la autoridad para transparentar los dineros que destinan las distribuidoras en estos aspectos.
“Si no hay certeza respecto a la zona donde está el punto de la falla y, más aún, no tenemos el personal capacitado para encontrar el punto de esta, más lenta será la reposición del servicio. Por lo tanto, me parece una medida que aunque apunta a castigar a la empresa de distribución, no resuelve el problema de fondo: obligar a la empresa de distribución a hacer un mantenimiento preventivo e inversiones para un mayor control y supervisión de la red”, sintetiza.
