El senador Alejandro Navarro presentó una moción para establecer inhabilidad especial para contratar con el Estado en caso de haber sido condenado en por delitos de libre competencia.
Desde el año 2007 a la fecha el Estado de Chile compró cerca de US$41 millones en productos tissue, a las empresas CMPC Tissue y SCA, con un evidente impacto fiscal producto de la colusión entre estas empresas. Ante este este escenario, el senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley para establecer inhabilidad especial para contratar con el Estado en caso de haber sido condenado en por delitos de libre competencia.
Ahora, la Comisión de Economía será la encargada de analizar la moción que resguarda, según indicó el legislador, “las empresas o personas naturales que se convierten en proveedores del Estado, deben ser respetuosas del ordenamiento jurídico, de manera tal que no se puedan violar las normas emitidas por el Estado, y luego contratar con el mismo como si nada hubiera pasado”.
“El descubierto del cártel más grande de la última década en Chile, por parte de las empresas CMPC y SCA, quienes a través de nombres falsos, correos de palos blancos y prácticas dignas del cártel de Cali, se ponían de acuerdo para fijar los precios de productos de la Canasta Básica Familiar, como lo son el papel higiénico, toallas y pañuelos desechables, servilletas, entre otros productos tissue, abre el debate respecto de establecer la inhabilidad de que estas empresas puedan participar a través de Chile Compras a cualquier tipo de licitación con el Estado”, criticó.
Y explicó que “actualmente la Ley N. 20238 declara inhábiles de contratar con el Estado por dos años, a quienes fueran condenados por prácticas antisindicales. También en caso de que esta empresa o persona natural sean condenadas por delitos concursales, o vulneraciones a los derechos fundamentales de sus trabajadores a través de la Ley N. 20.720”.
“Es por esto –agregó- resulta coherente que se establezca una inhabilidad especial para que las empresas condenadas por delitos contra la Libre Competencia (colusión, abuso de posición monopólica o conductas predatorias), puedan contratar con el Estado. En vista del gran perjuicio que estas conductas traen al mercado y a los consumidores, aumentando además la inhabilidad de 2 a 10 años”.
Asimismo manifestó que, “la moción persigue también que tal inhabilidad se aplique a quienes accedan al beneficio de exención o rebaja de multa por medio de la delación compensada, ya que de lo contrario resultaría fácil para quien se autodenuncie eximirse de toda culpa”.
Asimismo precisó que “el proyecto busca también hacer extensiva la inhabilidad a quienes intermedien bienes o servicios producidos o proveídos por los condenados o beneficiados por los delitos contra la libre competencia, a efectos de evitar el fenómeno de los ‘palos blancos’”.
Finalmente aclaró que “es un deber político y ético regular para que el Estado no pueda contratar con ningún grupo económico que haya defraudado al Estado y a millones de chilenos. Esperamos que, tal como la condena ha sido trasversal a estas prácticas, se manifieste ese mismo apoyo a estas iniciativas”.
Foto: t13.cl
