La iniciativa tiene por objeto otorgar mayores oportunidades e inclusión social a las personas autistas permitiendo que puedan participar, plenamente, de la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.
Considerando que en Chile existen 2 millones de personas con alguna discapacidad, un grupo transversal de diputados, encabezado por Maya Fernández, presentó un proyecto de ley que propone modificar diversos cuerpos legales para establecer medidas que favorezcan la contratación de personas autistas en el sector público.
En el documento, los diputados citaron a la Dra. Cecilia Breinbauer Leinenweber, quien durante la realización del seminario denominado “Chile y el Autismo: Nada sobre nosotros, sin nosotros”, señaló que dicho concepto acoge la petición de las personas neurodiversas de tener voz y voto en todas las decisiones de políticas públicas que les atañen y de empoderar a los padres de niños con condiciones que afectan su desarrollo neurobiológico para lograr su inclusión.
“Es hacer que ellos pertenezcan a la sociedad, reconociendo sus fortalezas y dándoles espacio para sus diferencias. Entender que existen cerebros configurados de ‘otra manera’, que ven la realidad de forma diferente, entender la diferencia como enriquecedora, no como discriminadora; conocer y vivir la neurodiversidad”, sostuvo la doctora Breinbauer.
Asimismo, los parlamentarios aludieron a lo establecido en el “Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas”, suscrito y ratificado por Chile, el cual establece la obligación de los Estados a efectuar discriminaciones positivas en favor de las personas en situación de discapacidad y en el que se señala que: “…Las medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.
Por este motivo y teniendo en cuenta los fundamentos anteriores, los autores de la moción, solicitan que se modifiquen diversos cuerpos legales que permitan establecer medidas que favorezcan la contratación de personas con autismo en el sector público.
