Ante la Comisión de Defensa de la Cámara, la institución confirmó que los proveedores involucrados en la estafa, que hoy alcanzaría los $1800 millones, no solo permanecen en el listado de empresas que pueden acceder al sistema, sino que también están habilitados aún a presentarse a nuevos llamados.
Los diputados de la instancia expresaron su sorpresa por el hecho y cuestionaron que el Gobierno, a más de un año de detectarse el fraude, no haya modificado el reglamento impidiendo esta situación.
Ninguna norma reglamentaria impediría hoy que las cuatro empresas involucradas en un fraude al Ejército, que involucra a la fecha $1800 millones, participen en un nuevo proceso de licitación pública relacionada con la adquisición de bienes o servicios o el mantenimiento del potencial bélico (MPB) militar, según confirmaron ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados los representantes de la institución y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar.
En el contexto de una exposición de las autoridades sobre el caso de fraude y frente a las consultas de los legisladores, el Subsecretario Gaspar; el contralor del Ejército, general de Brigada, Rodrigo Carrasco; y la asesora jurídica de la institución, teniente Coronel Macarena Arancibia, indicaron que los proveedores involucrados en el fraude no solo permanecen en el registro de contratistas, sino que, además, siguen estando habilitados para postular a nuevos llamados.
“El problema que se produce es que en un proceso de licitación pública no tenemos ninguna herramienta legal que nos permita que esos proveedores en particular no puedan participar, salvo que no cumplieran con los requisitos de las bases”, especificó Macarena Arancibia.
La información fue recibida con amplia sorpresa por los miembros de la Comisión y, durante el debate, los diputados Jaime Pilowsky, Roberto León, Jorge Ulloa, Osvaldo Urrutia y Guillermo Teillier fueron claros en expresar su molestia y reclamar de parte de las autoridades una rápida corrección de la situación. “Esto fue detectado en abril del año pasado, yo no sé que espera el Ejecutivo que no cambia el reglamento”, recalcó Roberto León.
Al término de la sesión, el diputado Pilowsky, presidente de la instancia legislativa, dijo quedar preocupado por la situación en una doble dimensión: por el hecho que empresas de bajo estándar puedan ser parte de este registro de contratistas; y porque no se les saque del listado cuando hayan cometido un fraude como el conocido hoy. “Cuando estén involucradas estas empresas en este tipo de situación, entregando facturas falsas o por trabajos no hechos, tienen que ser excluidos inmediatamente de cualquier registro. Creo que se llevaron tarea para la casa el Subsecretario en términos de hacer las modificaciones a la brevedad que permita cumplir con esa situación”, agregó.
Informó que, con el objeto de despejar toda duda sobre el tema, se solicitó a las autoridades que envíen todos los antecedentes disponibles relacionadas con las actuales licitaciones, “porque nos parece un contrasentido que empresas que están siendo investigadas por facturas falsas e ideológicamente falsas, puedan seguir postulando a licitaciones públicas a fondos entregados por el Ejército para capacidad operacional y mantención”. “Creo que es lo bastantemente importante para hacer la modificación a la brevedad y yo espero que en el mes de septiembre esa modificación se haga”, remarcó.
En la misma línea, el diputado Jorge Ulloa dijo estar molesto porque, habiendo conocido la autoridad el fraude hace más de un año, el registro de contratistas aún no sufre modificación alguna, ni en la línea de impedir su nueva participación en nuevos llamados como en sanciones específicas para quienes obren ilegalmente. “Por lo tanto, le estamos exigiendo al Ejecutivo que haga el cambio a la brevedad posible”, puntualizó.
El legislador también expresó su malestar porque la Comisión de Defensa de la Cámara no haya sido advertida sobre el hecho por parte del Ministerio y que el caso solo se conociera a través de la prensa. En todo caso, valoró que los controles internos del Ejército hayan permitido detectar la irregularidad y estimó que, independientemente de los montos involucrados, “no puede haber ni un solo peso que se nos escape de mala manera”.
Datos del fraude
El general Rodrigo Carrasco indicó en la sesión que los hechos irregulares fueron detectados en un estudio aleatorio de facturas que abarcó el periodo 2011-2014. Indicó que la Contraloría del Ejército detectó 124 documentos falsos que involucraban hasta $1800 millones, comprometiendo la participación de cuatro empresas proveedoras, antecedentes que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar.
Detalló que, a partir de ese momento, el tema se transformó en proceso jurídico y confirmó que la Fiscalía solicitó la revisión completa de las facturas del período, aproximadamente 2500. “Es este proceso el que debe determinar cuántos otros proveedores existen y cuántos recursos están comprometidos. Este es un tema que para el Ejército es muy importante solucionarlo a la brevedad porque nos ha traído varias complicaciones”, especificó.
El Subsecretario Gaspar ratificó la información y precisó que el monto total involucrado con las 2500 facturas no dicen relación con el total del fraude, como se indicó en la prensa, sino que corresponde a un periodo de tiempo investigado. En este plano, recalcó que la estafa se acota, hasta la fecha, a los $1800 millones señalados.
Gabriel Gaspar resaltó que los hechos fueron puestos en conocimiento ante la justicia en tanto fueron conocidos, pero reconoció que ello no quitaba la deferencia de haber informado a la Comisión de Defensa. Además, se comprometió a enviar vía oficio reservado datos sobre los montos totales investigados y anticipó que informará al Ministro de Defensa sobre el requerimiento de los legisladores en orden a impulsar un rápido cambio en el registro de proveedores.
El diputado Guillermo Teillier calificó el hecho como “muy grave”, cualquiera que sea el porcentaje del fraude, estimando que con ello se puso en peligro la capacidad estratégica de la Defensa Nacional, visión que fue compartida por otros parlamentarios.
Consideró que la Cámara de Diputados debe ejercer su potestad fiscalizadora y fue enfático en señalar que la Comisión de Defensa es una de las instancias que tiene la obligación de hacerlo.
El diputado Jaime Pilowsky consideró que se trata, efectivamente, de una situación compleja, donde están en juego los procedimientos de adquisición de la Defensa. Llamó la atención que aquí había un sistema informático que no permitía detectar una factura que no tenía autorización del Servicio de Impuestos Internos, lo que estimó “una situación bastante absurda”, especialmente con la tecnología disponible. En todo caso, reconoció que, conforme a lo indicado por las autoridades, la deficiencia fue corregida.
“Entiendo que hay dos personas, un coronel y un cabo, que están detenidos en esta causa, pero aquí lo importante es llegar hasta el final con las consecuencias y entiendo que el Ejército ha puesto toda su disposición para que esto ocurra y el Ministerio de Defensa también”, sentenció.
