La especialista en seguridad y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, considera “incorrecta” la determinación del Presidente Piñera tras la designación de Hermes Soto como nuevo Director General, ya que no apunta en la dirección de reducir los altos niveles de autonomía y discrecionalidad de una institución cuestionada por millonarios fraudes y la ‘Operación Huracán’.
“El Ministerio del Interior más que tener una injerencia en Carabineros, tiene que asegurar que su nivel de transparencia sea mayor”, afirma.
“Le he encargado al nuevo general director de Carabineros avanzar en la conformación del nuevo alto mando para iniciar con la mayor fuerza y a la mayor brevedad un profundo proceso de modernización tanto administrativa, operativa, tecnológica y de equipamiento de Carabineros de Chile”. Con estas palabras, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la misión que le encargó al nuevo Director General de la policía uniformada, Hermes Soto. La designación se da en medio de cuestionamientos a la institución por su labor investigativa en la llamada ‘Operación Huracán’ y por el millonario fraude que, a la fecha, alcanza los $26 mil millones.
Para la experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Lucía Dammert, esta forma de enfrentar la crisis es “incorrecta, ya que no pone en cuestión los grados de autonomía y discrecionalidad de Carabineros”. Al contrario, señala que las palabras del Mandatario dan a entender que los cambios serán realizados por la propia institución cuestionada, lo que considera erróneo.
“Entiendo que el Ministro del Interior anunció una agenda de reformas a Carabineros, que incluiría lo que la institución va a proponer. Sería grave que el Gobierno no propusiera nada”, sostiene la analista. “Es de esperar que lo que se ha dejado a cargo de la policía sea la reestructuración interna y no el proceso completo, de los cambios que urge realizar a nivel institucional”, enfatiza.
A su juicio, el Ministerio del Interior debe fortalecer el acompañamiento de procesos llevados a cabo por Carabineros, a través de mayores facultades para fiscalizar las rendiciones de cuenta de la institución y definir responsabilidades cuando sus miembros actúan de manera negligente. “El Ministerio del Interior, más que una injerencia en Carabineros, tiene que asegurar que su nivel de transparencia sea mayor”, afirma. “Carabineros tiene todo el espacio, en la práctica, para tomar decisiones, mientras que hay una serie de áreas donde la intervención del Gobierno es muy limitada”, agrega.
De acuerdo a la Dra. Dammert, otras de las reformas más urgentes que deben realizarse en la institución son aumentar el grado de participación del Gobierno en lineamientos para enfrentar la delincuencia, redefiniendo, por ejemplo, el área de inteligencia “donde se ha producido una crisis estructural, que culminó en la fabricación de evidencia”, señala en alusión a la Operación Huracán.
“Carabineros está haciendo muchas investigaciones, unas cincuenta mil órdenes de investigar y los niveles de resolución son muy bajos. Hay que definir si Carabineros sigue haciendo investigación o no y, si es así, determinar en qué tipo de delitos, para que no haya competencia entre policías, sino que coordinación”, explica.
Finalmente, considera necesario regular los beneficios de algunos funcionarios de la policía uniformada en desmedro de otros. En ese sentido, cita el caso de oficiales que pasan a retiro, los que serían recontratados por la institución en una gran cantidad de casos, asegura.
“Todas esas cosas parecen menores, pero van acumulándose en un modus operandi institucional que ostenta demasiada autonomía”, señala. “El Ministerio del Interior debería estar encima de cada decisión institucional para que los niveles de discrecionalidad sean cada vez menores y ojalá nulas en el corto plazo”, concluye.
