El 16 de Octubre trae a la región de Coquimbo el triste recuerdo del paso de la caravana de la muerte. Durante mucho tiempo, así como a tantos y tantas compatriotas en el resto del país, se hizo imposible ubicar el paradero de estas connotadas personas. Sin embargo, con un poco de fortuna, información, pero fundamentalmente con el tesón y porfía de las familias y la disposición del juez Nicanor Salas, fue posible encontrarlas en una fosa común en el último rincón del cementerio público de La Serena.
Hechos como este han repercutido en que el Derecho Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, haya tenido avances determinantes para prevenir que situaciones como estas se vuelvan a repetir, y para sancionar aquellas conductas que reflejan la crueldad que puede llegar a expresar un ser humano por su afán de poder.
Uno de esos importantes avances lo constituye La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Un instrumento normativo del sistema universal y convencional de los derechos humanos que se adoptó el 20 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
Esta Convención, cuenta con 45 artículos, y define como desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Uno de los aportes de la Convención es la consagración del derecho a la verdad. Dispone que cada víctima tenga el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto.
Este Derecho a la verdad, es el que tantas otras familias víctimas de la violencia del Estado Chileno han sido privadas intencionalmente por aquellos que han preferido callar por obediencia a un pacto de cobardía y a una errada comprensión del valor de la lealtad.
Chile necesita mantener viva la memoria, sin rencores ni odiosidades, pero con la suficiente determinación para hacer vida el valor de la justicia y la verdad.
Carlos Galleguillos
Seremi de Justicia y DDHH
