El escenario fue el seminario organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas UCN, en el marco del proceso constituyente.
La escasez de agua y su administración fueron temas centrales en el seminario “Constitución económica y recursos hídricos: una mirada desde las regiones”, convocado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, en el marco del proceso constituyente.
La jornada contó con la participación de la senadora Adriana Muñoz y los diputados Sergio Gahona y Raúl Saldívar, además de los académicos Carolina Salas (UCN), Fernando Ochoa (UDEC), José Luis Guerrero (PUCV), Gregorio Rodríguez (ULS) y Miguel Angel Fernández (PUC), y del Coordinador de Investigaciones del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD-Chile. Sebastián Madrid.
El evento contó además con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCN y la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la ULS, la Asociación de Universidades Regionales (AUR), la Academia Parlamentaria dependiente de la Cámara de Diputados de Chile, el Centro de Extensión del Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la oportunidad, Carolina Salas, Decana Facultad de Ciencias Jurídicas UCN, instó a que el debate constitucional incorpore el concepto de agua como un derecho fundamental, tal como sucede en otras constituciones de América Latica, África y Asia, que “consideran que el agua, al ser un bien escaso, necesita ser protegida por instrumentos jurídicos específicos asociados a lo que conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales”, señaló.
Respecto al anuncio de reforma al artículo 19, números 23 y 24 de la Constitución, que podría cambiar la actual forma de administración de los derechos de agua, la senadora Adriana Muñoz explicó que la propuesta apunta fundamentalmente a “establecer que las aguas son de dominio público, que pertenecen a toda la nación”. Ello “cambia el espíritu central de la Constitución del 80″, dijo, indicando que, una vez que se apruebe el Código de Agua, el Estado entregará a los distintos sectores productivos el agua en forma de concesión y de modo temporal, no como entidad privada.”Esa esencia privatista del agua es la que buscamos cambiar con esta figura de la concesión en forma temporal”, señaló, descartando que se pretenda expropiar los derechos de agua ya entregados. La parlamentaria destacó también el interés en que el agua se gestione a nivel territorial en las cuencas con una participación ciudadana territorial activa.
Por su parte, el diputado Sergio Gahona, afirmó que la citada modificación “no es una mera reforma, es una cuestión fundamental que pone en contradicción una serie de intereses”. Asimismo, advirtió sobre posturas más extremas “que pretenden estatizar los derechos de aprovechamiento”, privando a los agricultores de un elemento vital para su producción, en tanto otros “pretendemos que haya un régimen especial, que proteja y efectivamente evite elementos que hoy día se están produciendo, como la especulación y el acaparamiento del recurso hídrico”. Este es un tema, subrayó, que afecta “principios tan fundamentales como el derecho de propiedad que está instituido en nuestra constitución”.
Elección de intendentes
Los parlamentarios se refirieron igualmente a la reforma constitucional que busca consagrar la elección directa de intendentes. El diputado Gahona valoró esta posibilidad, pero advirtió, teniendo claridad respecto de las facultades, capacidades y atribuciones que van a tener los intendentes elegidos, dijo que va a existir también la figura de delegado presidencial. Es un tema que no está zanjado, señaló el parlamentario, calificando la reforma a la administración de gobiernos regionales como “pobre y tímida”, y que “no cumple el objetivo de entregar más competencias y atribuciones a los gobiernos regionales”. Además comentó, “el gobierno pretende que haya mayoría absoluta para elegir al intendente y eso está disociado, por ejemplo, con la elección de alcalde, ¿entonces los alcaldes no tienen legitimidad, si se eligen por mayoría relativa?”, cuestionó.
La senadora Adriana Muñoz, en tanto, se manifestó completamente de acuerdo con la descentralización, para que “de una vez por todas, el Estado de Chile no esté concentrado y monopolizado por la capital nacional”. Reconoció, sin embargo, el conflicto existente respecto al modo de elegir autoridades regionales, en alusión al 50% más uno de electores propuesto por la Presidenta Bachelet, versus el 35% o menos defendido por la oposición. “Creo que no podemos elegir una figura tan relevante como es el gobernador regional, con un 30% de los votos y sobre todo hoy día, con la poca asistencia de las personas a votar, podríamos estar eligiéndolo con un 15%. Creo que eso va en desmedro de la contundencia de un liderazgo que se requiere en las regiones”.
Ahondando en el tema, la parlamentaria acotó que, en el debate de la descentralización, “hemos puesto la carreta delante de los bueyes”, refiriéndose a que primero se está eligiendo autoridades, sin determinar primero las reales facultades que van a tener esas autoridades, sus inversiones, sus recursos y facultades administrativas. “Sería muy importante dejar aprobadas hoy día todas esas reformas y disposiciones y hacer una elección quizás no a matacaballo el 2017 sino que el 2021, ya con un cuerpo de facultades mucho más definido, con la ley de presupuesto realmente descentralizada”, concluyó.
