El informe de CChC resalta la necesidad de contar con más carreteras, aeropuertos, hospitales y transporte urbano al año 2025.
Un detallado análisis de las necesidades que enfrentará el país en los próximos 10 años en materia de infraestructura dio a conocer esta mañana la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través de su informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD)”, el que estimó en US$ 151.417 millones la inversión requerida para evitar que aumenten los déficits en esta área en el período 2016-2025.
El informe –que se presentó en el seminario “Infraestructura para todos: Claves para el desarrollo continuo”, realizado como parte de la Semana de la Construcción– es elaborado por la Gerencia de Estudios de la CChC desde el año 2002 y en sus últimas dos versiones ha contado en los aportes de reconocidos especialistas externos al gremio.
En esta oportunidad el ICD analizó 12 dimensiones, agrupadas en tres ejes estratégicos: Infraestructura que nos sostiene o basal (Recursos Hídricos, Energía y Telecomunicaciones), Infraestructura que nos conecta o logística (Vialidad Interurbana, Aeropuertos, Puertos y Ferrocarriles) e Infraestructura que nos involucra o social (Vialidad y Transporte Urbano, Espacios Públicos, Infraestructura Educacional, Hospitalaria y Penitenciaria).
“Nos interesa que se tome conciencia de las necesidades de infraestructura porque contar con estas obras es clave para el desarrollo y la competitividad del país, pero también para el bienestar de las personas, pues mejoran nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro entorno. Y es precisamente por este inmenso impacto que necesitamos que la infraestructura sea gestionada como una política de Estado, de largo plazo, y que exista la institucionalidad adecuada para ello”, manifestó Jorge Mas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
“Nuestro objetivo fundamental con el ICD es contribuir a la discusión de las políticas públicas en esta materia, ayudando a dimensionar y priorizar las necesidades y aportando criterios técnicos para abordarla adecuadamente”, agregó el dirigente gremial.
En esta línea, el gremio propuso seis medidas para que se materialicen las inversiones requeridas es materia de infraestructura: identificar con anticipación proyectos críticos o complejos, invertir adecuadamente en estudios de diseño e ingeniería, licitar y construir los proyectos en los plazos requeridos, potenciar la alianza público-privada (concesiones), crear mecanismos que aseguren la disponibilidad de recursos e implementar un marco institucional moderno para gestionar esta área.
Los beneficios de implementar esta política son evidentes. Según el ICD, hacer las inversiones necesarias para en un plazo de 10 años cerrar el déficit en infraestructura pública provocaría que en el corto plazo aumentara el PIB del país hasta alcanzar un crecimiento anual cercano a 6%, tres veces más que el crecimiento exhibido por el PIB en los últimos años. De materializarse esta meta podríamos llegar al año 2025 con un PIB per cápita del orden de los US$ 44.000.
