En septiembre entró al Congreso el Proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. La firma del proyecto fue ocasión de celebración. La deuda de 25 años desde la ratificación de la Convención, que ponía a Chile en la poco honrosa situación de único país de la región sin una Ley Integral de Protección de Derechos, comenzaba a saldarse.
Sin embargo, el análisis del proyecto ha levantado luego varias voces de alarma. Podríamos reunirlas en una gran afirmación: la iniciativa, que declara buscar la garantía de derechos por medio del establecimiento de un sistema de políticas, instituciones y normas orientadas a un fin común, no crea ese sistema. Más bien lo anuncia, lo promete. Y el problema es que una deuda histórica que, metafóricamente, se arrastra desde la recuperación de la democracia en Chile, no se salda con más promesas. La protección de derechos no ocurre por su mera enumeración en un texto. Se requieren medios, se requieren mecanismos concretos de exigibilidad.
¿En qué se delata la ausencia de un sistema?
No hay sistema porque no hay recursos comprometidos. Si en el mundo se recomienda “reservar” un porcentaje fijo del presupuesto anual nacional y local que se requiera para garantizar derechos, o, al menos, proteger por ley el presupuesto de infancia mediante principios de no regresión, inviolabilidad y realización progresiva, el actual proyecto de ley repite como un mantra la consigna de la “disponibilidad presupuestaria”. ¿Garantías en la medida de lo posible?.
No hay sistema porque un sistema es un conjunto de elementos, actores, procesos, y acá no quedan definidas las piezas que se articularán para conformarlo. Ciertamente se ha anunciado una agenda legislativa que incluye creación de otras instituciones; de hecho, al mismo tiempo que éste entró el proyecto que crea la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que junto con el Comité Interministerial serían la cabeza del sistema. Pero, ¿cabeza de qué? ¿Dónde está el cuerpo?.
No hay sistema porque no hay una propuesta de articulación concreta de actores en los territorios que pueda hacerlo carne. En Chile ya existen, en los espacios locales, organismos que trabajan con infancia. Sin ir más lejos, están la red Sename y las redes comunales de Chile Crece Contigo. Incluso hay algunos municipios con oficinas dedicadas a coordinar el tema. Muchas veces estos esfuerzos carecen de lineamientos comunes que les permitan actuar de forma colaborativa. Un sistema, precisamente, debiera resignificar estas acciones, coordinándolas en pos de un objetivo común. Cuestión de la máxima importancia, porque es en los territorios donde, finalmente, se ejecutan las políticas públicas.
No hay sistema, en fin, porque no hay un modelo propuesto respecto de cómo acompañar y desplegar las garantías consignadas y sus respectivos mecanismos de exigibilidad, a lo largo del ciclo de vida de todos los niños y niñas. Llama esto especialmente la atención, existiendo ya en Chile un sistema que hace eso para un tramo etario específico (el Chile Crece Contigo). También habiendo en el país experiencias de resguardo concreto y operativo de garantías, como es el AUGE-GES, que podrían tomarse como ejemplo.
En otras palabras: hoy, si su hijo sufre abuso sexual, no tiene garantizada una atención inmediata de terapeutas; con la nueva ley, tampoco. Hoy, si su hijo tiene una necesidad educativa especial y requiere apoyo de profesionales expertos, no tiene atención asegurada; con la nueva ley, tampoco.
Es, por lo tanto, mucho el trabajo que queda pendiente en el trámite legislativo, si de verdad se desea llevar más lejos este declarado “primer paso”, y pasar por fin del presagio a la realidad. Lamentablemente, noticias como la de la de que sólo 1 de 13 diputados asistieron a la sesión de la Comisión Familia del 9 de noviembre, a la que estaban invitadas organizaciones de la sociedad civil para exponer sobre el proyecto, generan bajas expectativas respecto de que ello llegue a ocurrir.
