La cita es el lunes 9 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana.
En el frontis de la entrada principal del Hospital de La Serena el Consejo Consultivo, los gremios Fenats, Fenpruss, Asenf, anunciaron que el lunes 9 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, realizarán la Gran Marcha por El CDT, que tiene como objetivo manifestar ante las autoridades y ciudadanía la necesidad de contar con un Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el que fue prometido por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, durante el aniversario de La Serena, en agosto del año pasado.
El lugar de reunión de la marcha será la puerta principal del establecimiento de salud, y se dirigirá por las calles Balmaceda, Pení, Avenida de Aguirre, nuevamente Balmaceda y Prats, para llegar a la Intendencia Regional, en donde diversos actores sociales realizarán un balance de las movilizaciones y anunciarán acciones a seguir con el fin de materializar la ampliación del hospital, que significará, entre otras cosas, aumentar los box de atención, y los pabellones para operaciones ambulatorias. Por otra parte, será primera vez que en la zona un recinto público cuente con un resonador magnético.
Luis Guerra, dirigente del Consejo Consultivo, reconoce que se han experimentado avances, ya que el Gobierno anunció que se financiarán 50 mil millones para la construcción del centro, no obstante, faltan 7.800 millones que debe costear el Gobierno Regional, decisión que todavía no ha sido votada. Al respecto el señor Guerra manifestó que lo correcto es que el Estado se haga cargo de financiar la totalidad de la obra y que el tiempo de ejecución no tarde más de 3 años, y no 6, como se está proponiendo ahora.
Hay que recordar que producto de la postergación del CDT, presentaron su renuncia 73 médicos del Hospital de La Serena. Además, el 90% de los funcionarios se encuentra en paro, por lo que prácticamente está funcionando a un 30% de su capacidad. Los trabajadores han manifestado que la condición para que se bajen las movilizaciones es que el Consejo Regional apruebe el financiamiento restante y que las autoridades, a través de un documento formal, garanticen la ejecución de la infraestructura.
