Chile es uno de los seis países en el mundo que prohíbe el aborto en todas sus formas junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hasta 1989 se permitió el aborto terapéutico, pero poco antes de dejar el gobierno, la dictadura militar lo prohibió. Paradójicamente, tres meses después, el mismo régimen ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Precisamente, esta Convención señala que los Estados Parte tomarán las medidas necesarias “para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Diversos órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas han señalado que impedir un aborto en casos en que ha habido violación o cuando está en riesgo la vida o salud de la madre, vulnera los derechos a la vida, a la salud e incluso el derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos e injustos. De ahí que estos órganos han establecido como un estándar mínimo que los Estados permitan la interrupción voluntaria del embarazo al menos cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, cuando existe riesgo para la vida o salud de la mujer y en casos de malformaciones fetales severas.
Al respecto, el Comité de la CEDAW ha exhortado al Estado de Chile a revisar su postura de penalizar la interrupción del embarazo en toda circunstancia.
Desde el retorno a la democracia, a inicios de los años noventa, ha habido intentos de avanzar en esta materia provenientes de algunos/as parlamentarios y parlamentarias, los que sin embargo, después de su discusión general han sido rechazados en su totalidad.
Es por ello que el proyecto de ley presentado por el actual gobierno marca un hito histórico. Este propone la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro; cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y en los casos en que el embarazo sea producto de una violación. Con ello, se respondería a los estándares mínimos señalados por los órganos de derechos humanos y las obligaciones internacionales del país.
El proyecto de ley surge –por primera vez en este ámbito- como una iniciativa del Ejecutivo y ya superó el primer paso, que es que se apruebe la idea de legislar, el 4 de agosto recién pasado. No obstante, el camino no será fácil y ya hay distintas voces que se han levantado en contra del proyecto de manera general o en contra de algunas de las causales que señala en particular.
Aun cuando más del 70% de la población chilena está de acuerdo con que se permita el aborto en las tres causales aludidas por el proyecto,[1] parte importante de los y las legisladores parecieran no escuchar a la ciudadanía y guiarse más bien por sus creencias valóricas o religiosas, en lugar de cumplir su rol de garantes de los derechos de las personas.
Así como ocurre con otros proyectos de ley que se relacionan con la autonomía física y la capacidad de decisión de las personas, se ha intentado circunscribir la discusión de este proyecto de ley como un ‘tema valórico’, invisibilizando de esa forma lo que realmente está en juego. La discusión sobre el aborto no es –o no debiera ser- una discusión valórica, que se fundamenta en credos o creencias personales. Muy por el contrario, se trata de una discusión política y lo que está en el centro es el respeto y garantía efectiva de los derechos de las mujeres.
El tinte valórico esconde además un tema de justicia social y respecto del cual se presenta una fuerte desigualdad, ya que son las mujeres de escasos recursos las que sufren principalmente las consecuencias de la penalización total del aborto, al no poder acceder a los fármacos disponibles para interrumpir un embarazo, o viajar fuera del país para practicarse un aborto.
Por su parte, la causal de violación, que es la que por ahora presenta mayores resistencias, hace referencia a una de las mayores muestras de discriminación en contra de las mujeres y las niñas, como es la violencia sexual que se ejerce contra ellas.
Es en estas discusiones cuando cobra aún más relevancia la baja presencia de mujeres en el Congreso, donde en Chile el 85% de los legisladores son hombres. Un tema que atañe directamente a los derechos de las mujeres, será debatido principalmente por hombres.
Legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y desarrollar políticas públicas en consecuencia apunta a subsanar uno de los grandes déficits que aún tiene el país con las mujeres, el respeto pleno a sus derechos, entre ellos los sexuales y reproductivos, y la eliminación de las discriminaciones en el ejercicio de los mismos.
Fuente: Revista Humanum
