El Poder Ejecutivo chileno ha abierto un conflicto directo con los poderes Judicial y Legislativo en su afán por aumentar la recaudación fiscal. La Resolución Exenta N.º 69, emitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 2 de junio de 2026, deja sin efecto práctico el histórico fallo dictado el año pasado por la Corte Suprema, que declaró ilegales las operaciones de los casinos online extranjeros y ordenó su bloqueo. Ahora, la nueva normativa obliga a las casas de apuestas y plataformas internacionales no solo a pagar el IVA Digital, sino también a regularizar retroactivamente el impuesto correspondiente a los últimos 36 períodos tributarios (tres años) mediante el Formulario F129.
Según un reportaje publicado por El Ciudadano, detrás del lenguaje técnico de la resolución se esconde lo que diversos sectores consideran una auténtica capitulación del Estado frente al mercado gris del juego online. La medida ha provocado una fuerte reacción entre los operadores tradicionales, que durante años han aportado miles de millones de pesos al fisco bajo un marco regulatorio mucho más estricto.
«Se trata de un absurdo jurídico de enorme gravedad que funciona, en los hechos, como una forma de regulación encubierta», afirmó el senador Esteban Velásquez (FREVS). A juicio de varios parlamentarios, al exigir a estas plataformas el pago de impuestos correspondientes a ejercicios anteriores, el Estado está otorgando al sector una auténtica “luz verde” (white card), debilitando al mismo tiempo la capacidad jurídica del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para ordenar el bloqueo de estos sitios.
La controversia se ha intensificado después de que el Gobierno redujera, de manera inesperada, el grado de urgencia del proyecto de ley destinado a regular el juego online, una iniciativa que lleva años estancada en el Senado. Para sus críticos, esta decisión permitió al Ejecutivo avanzar por la vía administrativa, evitando el debate parlamentario.
Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, insisten en que la recaudación tributaria constituye únicamente una obligación legal del SII para garantizar condiciones equitativas de competencia y que, por sí sola, no implica la legalización automática de las plataformas de apuestas online.
La oposición a la medida ha trascendido las divisiones políticas tradicionales. El abogado y militante de la UDI, Pablo Tolosa, llegó incluso a comparar la actuación del Gobierno con una forma de legalización del crimen organizado. Por su parte, el senador Diego Ibáñez acusó abiertamente al SII de ceder a las presiones del lobby de las grandes casas internacionales de apuestas y anunció la presentación de antecedentes ante la Contraloría General de la República. Asimismo, el director del SII, Jorge Trujillo, ya fue citado por el Senado para entregar explicaciones.
La crisis política se ha visto agravada por el respaldo explícito del Ministerio de Hacienda a la actuación del SII, una decisión que sus detractores consideran incompatible con la supuesta autonomía del organismo tributario. En paralelo, la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, acusó al Ejecutivo de actuar con hipocresía, señalando que el Estado está incorporando al sistema empresas identificadas con un RUT, sin conocer quiénes son realmente sus propietarios, sus beneficiarios finales ni el origen de los recursos que administran.
Todo ello ocurre mientras el mercado continúa expandiéndose a un ritmo acelerado. De acuerdo con las cifras más recientes, las plataformas de apuestas online registraron 72,4 millones de visitas durante el primer trimestre del año, reforzando un debate que trasciende el ámbito tributario y plantea interrogantes sobre el futuro del modelo regulatorio del juego online en Chile.
