El seminario-taller organizado por el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de La Serena, en conjunto con la Mesa Regional de Acceso a la Justicia, sobre la Ley 21.675, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, generó gran interés en la comunidad.
Cerca de 180 personas se conectaron vía online o participaron presencialmente de las exposiciones realizadas por la seremi de la Mujer, María Fernanda Glaser; los jueces Felipe Pizarro Ávalos del Tribunal Oral de Ovalle y Lilian Tapia Carvajal del Juzgado de Familia de La Serena; y Rocío Valdivia Delgado, fiscal jefa del Ministerio Público de Combarbalá.
La seremi Glaser destacó que esta instancia de coordinación interinstitucional permitió adelantarse a lo que la Ley Integral de Violencia de Género exige, que es coordinar entre las diferentes instituciones, como el Poder Judicial con tribunales de Familia, de Garantía y Oral en lo Penal, y los servicios que se activan en la violencia contra la mujer, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, Fiscalía, Defensoría y los diferentes operadores de justicia.
El presidente de la Corte de La Serena, Iván Corona Albornoz, y el ministro encargado de Género, Sergio Troncoso Espinoza, encabezaron la actividad que se constituyó en una instancia de conocimiento, discusión y coordinación para el intersector y los integrantes de la jurisdicción, de manera de responder oportunamente y con estándares de debida diligencia ante un hecho de violencia de género, tal como lo establece la ley.
Durante el taller participativo con representantes de las diversas instituciones que cruzan el ámbito de la nueva normativa, se identificaron varios nudos críticos y situaciones que requerirán una atención específica de parte de los distintos operadores del sistema de justicia.
La fiscal de Combarbalá Rocío Valdivia advirtió sobre la posible falta de recursos humanos y tecnológicos para la aplicación de la ley, ya que se imponen ciertas obligaciones, como el deber de diligencia, ciertas audiencias que hasta ahora no existen en la ley, como la supervisión de medidas cautelares o condiciones de la suspensión condicional, lo que incrementará indudablemente el trabajo de los tribunales y de los intervinientes como son Ministerio Público y la Defensoría.
El resultado del seminario y el taller realizado, con las intervenciones de sus participantes y las posibles vías de solución para los nudos críticos percibidos, será sistematizado por el Comité de Género de la jurisdicción para ser entregado a las instituciones.
Asimismo, se continuará con el trabajo de capacitación y coordinación para la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, entendiendo la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural que se expresa en las diversas dimensiones de la vida y que tiene múltiples manifestaciones.
