De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (SP) en noviembre de 2023, en nuestro país se registraron 11.731.652 personas afiliadas al sistema de pensiones, de las cuales solo cotizaron 5.735.582 personas.
Por otro lado, durante el mismo mes se contabilizaban en total 1.495.965 pensionados de vejez, de los cuales el 72% recibían una pensión inferior al salario mínimo y el 22% de las y los pensionados en Chile, una pensión total por debajo de la línea de la pobreza. La situación es más dramática cuando diferenciamos los datos entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más golpeadas por el macabro sistema de AFP.
En el caso de nuestra región, la situación no es más alentadora. Actualmente la SP registró un total de 62.701 personas pensionadas por vejez, cuya mediana de pensión autofinanciada de $32.541 para las mujeres y de $166.902 para los hombres. Si a esos datos les agregamos el aporte que hace el Estado a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) la mediana de las pensiones en la región aumenta a $213.533 en el caso de las mujeres y a $355.353 para los hombres.
El 88% de las y los pensionados por vejez vive con una pensión autofinanciada inferior al sueldo mínimo. Esta es la realidad concreta que viven más de 55 mil adultas y adultos mayores en nuestra región. Una realidad que no nos es indiferente, por ello tenemos la convicción que un cambio al sistema de pensiones es urgente y necesario, no solo para mejorar las pensiones presentes y futuras, sino que para transitar a un sistema que garantice el derecho de trabajadoras y trabajadores a jubilar dignamente.
No ha sido un trayecto fácil, menos con los intentos de la derecha de impedir que avanzara una reforma previsional. Pero después de catorce meses de intensos diálogos y con una flexibilidad táctica, se logró que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara la idea de legislar para avanzar en una reforma crucial para avanzar en la mejora de las pensiones en nuestro país.
A nivel regional, de los 7 miembros de la cámara baja, 5 votaron a favor de la idea de legislar la reforma previsional: Nathalie Castillo (PC), Carolina Tello (PC), Ricardo Cifuentes (DC), Daniel Manouchehri (PS) y Víctor Pino, este último de la bancada de Demócratas.
Junto con la idea de legislar, se aprobó además la creación de un Seguro Social, un complemento por Cuidado a Terceros y la compensación por diferentes expectativas de vida en favor de las mujeres, lo que, junto al aumento de la PGU, permitiría aumentar las pensiones actuales y futuras. Pese a la aprobación de la creación del seguro social, en votación se rechazó el 6% de aporte por parte del empleador, al tiempo que queda un seguro social aprobado pero sin financiamiento.
Sabemos que la discusión continúa, pues se trata de un proyecto sensible que debe incorporar las visiones de todos los sectores y que debe seguir enriqueciéndose con iniciativas planteadas por las y los parlamentarios, como la eliminación de tablas de mortalidad y la creación de un seguro de longevidad, temas que esperamos debatir en el Senado y lograr su aprobación durante el primer semestre, para iniciar el pago de estas mejoras durante diciembre de este año.
Con una propuesta seria y responsable, impulsamos una fórmula mixta, donde el trabajador, el Estado a través de la PGU y el empleador aportarán a su funcionamiento, destinando un porcentaje al ahorro directo de los trabajadores y otro a un seguro social, lo que permitirá corregir las deficiencias del sistema actual, basado en el ahorro individual y en la PGU, beneficio que hoy llega a más de 110 mil personas mayores de la Región de Coquimbo.
Es importante recalcar que la PGU se financia a cuenta de los impuestos generales, y la estructura tributaria descansa en gran medida en el IVA, impuesto que, al aplicarse sobre el consumo, suele ser regresivo toda vez que ejerce un peso mayor en las personas que tienen menos poder adquisitivo. Ojalá que parte de ese espíritu solidario que embargó a los senadores de oposición que apoyaron la idea de “mutualizar” la deuda de las isapres -solución solidaria que bien permitiría salvar a la industria, por lo demás- pueda replicarse también en materia de pensiones.
Por otra parte, se aprueba la reestructuración de la industria separando la industria de las AFP, creando los Administradores Previsionales y los Inversores Privados de Pensiones. Sin embargo, se rechazó la creación del Inversor de Pensiones del Estado.
Como gobierno no abandonaremos a miles de pensionadas y pensionados, seguiremos dialogando, ahora en el Senado, para llegar a acuerdos que garanticen la mejora de las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestro país, poniendo término, de esta manera, a un sistema extremo y anómalo en el mundo. Este fenómeno, por sí solo, resulta suficientemente poderoso para invitarnos a reflexionar sobre la eficiencia del sistema creado por José Piñera para cumplir con su objetivo esencial, que es pagar pensiones dignas.
Marzo será un mes clave, donde buscaremos poner fin al dilema de las pensiones a través de un debate abierto y con altura de miras con las y los senadores. Cada sector deberá flexibilizar sus propuestas ideales para llegar a un gran acuerdo que nos brinde un sistema equilibrado.
Es esencial que la ciudadanía esté atenta a la discusión. La historia nos recuerda que como país hemos sido referentes en la lucha por la seguridad social para la clase trabajadora, la cual fue posible a través de la acción colectiva que permitió visibilizar las injusticias de un periodo.
En consecuencia, el llamado es a que nos informemos sobre la propuesta y sus implicancias, y comprendamos que los 3 puntos propuestos para solidaridad es una alternativa que reducirá las desigualdades salariales y mejorará las jubilaciones de quienes han contribuido activamente a la sociedad, a través de su trabajo y esfuerzo, el que resulta indispensable para la construcción, desarrollo y generación de riqueza de nuestro país.
Por lo demás, esos 3 puntos que irían destinados a solidaridad (al igual que los otros 3 puntos que irán destinados íntegramente a las cuentas individuales) no serán descontados por planilla a los trabajadores, sino que les serán imputados a los patrones, los únicos que, hasta ahora, permanecen al margen del esquema contributivo propio de los más eficientes sistemas de seguridad social en el mundo. Malamente se puede decir, entonces, que ese aporte adicional de 6 puntos de cotización es dinero de los/as trabajadores/as.
Para que grandes transformaciones ocurran, como Gobierno, seguiremos poniendo en el centro de nuestro accionar a las personas y la mejora de sus condiciones de vida, continuaremos promoviendo el diálogo para obtener las voluntades necesarias que nos permitan avanzar, pero también se requieren parlamentarias y parlamentarios comprometidos con los grandes desafíos de este periodo, así como una sociedad activa y organizada que ponga en el centro del debate público la necesidad de generar una Reforma por Mejores Pensiones para Chile.
Nuestros jubilados y jubiladas no pueden seguir esperando.
Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo.
