Los hechos ocurrieron en agosto de 1979 por agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), en el sector de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, encabezó la reconstitución de escena del homicidio calificado del exintendente de Antofagasta, Daniel Acuña Sepúlveda, y el homicidio frustrado de su hijo, Roberto Acuña Araneda.
En la diligencia (causa rol 2-2010), el ministro Hormazábal tomó declaración a la víctima sobreviviente, tres testigos de los hechos y a los militares en retiro acusados Gustavo Camilo Ahumada, Jerman Ocares Morales y Luis Pavez Silva; además de René Ojeda Caro, empleado civil y reservista del Ejército.
“Esta es una causa en la que se está investigando el homicidio calificado de don Daniel Acuña y el homicidio calificado, pero en el carácter de frustrado, de su hijo don Roberto Acuña. Estamos ya en la etapa de plenario, en la etapa de medidas para mejor resolver, y en esa etapa del proceso decidí efectuar la reconstitución de escena para los efectos de prodigar el buen uso del derecho a defensa que tienen todos los acusados”, manifestó el ministro Hormazábal.
Con los antecedentes recopilados en la causa, el ministro en visita tiene por acreditado que en horas de la madrugada del 13 de agosto de 1979, llegó hasta el domicilio de Daniel Acuña Sepúlveda un grupo de agentes de la CNI de La Serena.
En el portón del inmueble, dispararon en contra de su hijo Roberto Acuña, quien herido en el estómago logró huir del lugar y sobrevivir. Tres agentes ingresaron a la vivienda y, al ubicar a Acuña Sepúlveda, lo abatieron con disparos para, luego, destrozar su cuerpo con dinamita.
En la causa, también se sindica como autor del delito de homicidio calificado al otrora jefe de la Central Nacional de Inteligencia para regiones, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, quien dio la orden de eliminar a Acuña Sepúlveda; y como encubridor, al abogado Guido Poli Garaycochea, quien tras los hechos junto al jefe de la CNI local Patricio Padilla Villén, sobreseído definitivamente por fallecimiento en mayo de 2013, instruyó a los agentes que participaron directamente en los hechos sobre lo que debía declarar ante la justicia, maniobra destinada al encubrimiento de los ilícitos.
En la diligencia, el ministro Hormazábal Abarzúa contó con la colaboración de funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.
