SEREMI de Energía, policías, Fiscalía, SII, Aduanas y las empresas eléctricas concordaron en el rol de la ciudadanía para colaborar con las indagaciones en busca de responsables.
Una serie de compromisos para encausar de mejor forma las denuncias por robo de cables fueron acordados en la segunda reunión de la mesa de trabajo que aborda esta problemática en la Región de Coquimbo y en la que participan distintas entidades públicas y privadas.
Entre esos acuerdos se contempla mejorar los protocolos de actuación en caso de robos y capacitar a los operarios de las empresas en la entrega de antecedentes. Asimismo, también hubo consenso en que el rol de la ciudadanía es relevante al denunciar estos hechos, de manera anónima, al número 600 400 0101, o bien al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante el año se han registrado 35 denuncias por robo de cables, tipificados como robos en lugar no habitado, daños y robo en bien nacional de uso público.
Por su parte, la distribuidora CGE detalló que los robos en la zona totalizan 55 kilómetros de cable de cobre, causando perjuicio en el suministro de unos 22 mil clientes de la Región, principalmente en sectores rurales de las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Monte Patria y Punitaqui.
Por lo anterior, la Seremi de Energía, María Castillo Rojas, indicó que la reunión “fue muy fructífera porque se detallaron los sectores críticos, además está el compromiso de organizar una jornada con los equipos operacionales, entre la fiscalía, las policías y las empresas Transelec y CGE. También se va a invitar a otros actores que puedan aportar para prevenir y hacer seguimiento de las bandas que están actuando y haciendo robo de cables”.
El Coordinador de Instituciones y Comunidades de CGE Coquimbo, Felipe Pardo, expuso que “hemos detectado nuevos lugares donde se están dando este tipo de ilícitos, como La Serena y Coquimbo, generando un problema fuerte en nuestros clientes. Agradecemos la disponibilidad de la Seremi de Energía y de las policías, fiscalía y otros servicios, porque entendemos que el trabajo mancomunado permitirá tener herramientas y protocolos para prevenir estos delitos, hacer persecución y desbaratar a las bandas que estén operando en la Región”.
Explicó que “es necesario involucrar a la ciudadanía con sus denuncias para sentir que no sólo son las empresas las afectadas, sino que también las personas, quienes al final del día no pueden tener disponibilidad de energía, porque delincuentes dañan infraestructura eléctrica durante varias horas, dejando a familias sin el suministro eléctrico”.
El Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Eduardo Yáñez, ratificó que los objetivos serán “mantener el registro de denuncias; también dar cuenta de la existencia de una orden de investigar trabajada con la PDI en relación a este problema y coordinar con organismos que participan en la mesa una jornada de capacitación para funcionarios de las empresas de electricidad, a objeto que puedan tener más insumos para efectuar las denuncias”.
