Un nuevo avance en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) dio la Corte de Apelaciones de La Serena, través de la firma de un convenio con las clínicas jurídicas de las universidades Católica del Norte, Santo Tomás y Central, para disminuir, en parte, la carencia de curadores ad litem.
De esta manera, los profesionales de las clínicas jurídicas ejercerán a partir del 22 de agosto, en causas de menor complejidad, el rol de curador, el cual es un abogado/a designado por un juez con competencia en familia y que debe velar por el interés superior del NNA, así como por las garantías procesales de las cuales es sujeto de protección.
La ceremonia de firma del convenio fue encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, y el ministro encargado de asuntos de familia, Felipe Pulgar.
“Como todos sabemos, este año se ha concretado un importante anhelo en el avance de los derechos de NNA, con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, publicada en marzo de este año. Sin embargo, aparejada a los beneficios también suponemos desafíos, y uno de ellos es la misión que cada NNA, como lo señala la ley en su artículo 50 deberá contar con una defensa letrada, es decir, un curador ad litem. Ante ello, y la falta evidente de profesionales en nuestra jurisdicción, comenzamos la desafiante misión de dar solución a esta problemática, que ya era evidente incluso antes de la ley, cuando como juez de familia pude evidenciarlo en terreno” manifestó
Según estadísticas del último informe nacional sobre curadurías existen actualmente en la región 694 casos de NNA que, encontrándose involucrados en un proceso judicial, no cuentan con asesoría letrada.
“Un niño sin curador en un proceso judicial es un riesgo y en la práctica es un incumplimiento a las normas convencionales y legales. Pero un niño con un curador que no cuenta con una especialización, pudiese eventualmente convertirse en un riesgo también. Por lo tanto, el llamamiento tiene que ver con que juntos podamos caminar este proceso en donde le demos una protección a la altura del desafío que importa trabajar con niños y adolescentes, es decir, al máximo de nuestras capacidades, es la única forma de entender el trabajo con la infancia”, enfatizó Pulgar.
El convenio, que es el primero realizado a nivel nacional, forma parte de las iniciativas impulsadas por la mesa interinstitucional de familia de la Corte de Apelaciones, que busca efectivizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de políticas concretas en diversas áreas, tales como salud mental, casos de alta complejidad, órdenes de búsqueda, promoción de derechos, visita a centros de residencia, entre otras, con la participación de instituciones y su involucramiento en compromisos específicos.
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