Desde la bancada PC e Independientes interpelaron al actual ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, quien mientras fuera ministro de Obras Públicas en el 2018, dilató y trabó la tramitación del proyecto de Ley presentado por la bancada PC para aumentar las multas a las concesionarias sanitarias en casos gravísimos, tal como la crisis que se vive hoy en Osorno tras una semana con corte de agua.
Tras siete días de cortes de agua y la constante duda respecto de cuándo se repondrá finalmente el suministro del agua al 100% de la población en Osorno, desde la bancada PC e Independientes emplazaron al Gobierno a ponerle urgencia al proyecto de ley que mejora el proceso de fijación tarifaria, regula servicios que hoy no están regulados y que aumenta las multas para incumplimientos graves, como el corte de suministro.
El proyecto fue presentado en julio del 2016 por los diputados PC y tras aprobarse por unanimidad por la Cámara de Diputados, el proyecto se trabó durante su discusión en el Senado por los obstáculos interpuestos por Juan Andrés Fontaine, entonces ministro de Obras Públicas y actual ministro de Economía.
A juicio de los diputado PC, el ministro Fontaine al dilatar el trámite legislativo del proyecto, se puso del lado de las empresas concesionarias y no del lado de las personas, pues de haber estado hoy aprobado, las multas podrían haber llegado a los 6 mil millones de pesos y no a los 600 millones contemplados actualmente para sancionar la grave crisis del agua en Osorno.
“El Presidente de la República ha dicho que está conmocionado, suspendió su viaje , sin embargo hasta ahora este Gobierno no ha dado ninguna explicación del por qué se paralizó durante un año la tramitación del proyecto de ley que reforma la ley sanitaria, que justamente daba más atribuciones a la Superintendencia y aumentaba las multas para las empresas sanitarias. Eso lo paralizó el ex ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine, quien derechamente protegió los intereses económicos de las empresas sanitarias impidiendo que en el Senado se votara y avanzara la tramitación de este proyecto”, sostuvo el diputado Daniel Núñez, autor de la moción.
En ese marco, el diputado Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, agregó que si de verdad el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quiere resolver el problema que existe con las empresas sanitarias y aplicar multas equivalente al daño causado “lo que tiene que hacer es ponerle urgencia al proyecto que está hoy en día en tramitación en el Senado”.
Para el jefe de la bancada del Partido Comunista e Independientes, diputado Boris Barrera, la multa que tiene Essal en este momento por el daño que se le ha hecho a la población, “no se condice con el daño”.
En ese sentido, el diputado Barrera detalló que “conversamos con el ministro Blumel para que le ponga urgencia a este proyecto que busca endurecer las multas a las empresas sanitarias que no cumplan con el suministro y el tratamiento de las aguas. Este proyecto fue frenado el año pasado, tratando de dilatarlo con mesas de trabajo, pero que finalmente no aportan a la solución. Las posibles soluciones están en este proyecto de ley y queremos exigir que se le ponga urgencia”.
Aumento de multas
El proyecto que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, reconfigura las multas para las empresas sanitarias. De esta forma plantea:
Infracciones leves: de una a mil unidades tributarias anuales (cuando se trate de cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, o deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios)
Infracciones graves: de mil una a cinco mil unidades tributarias anuales, cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, cuando se trate de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, daño a las redes u obras generales de los servicios.
Infracciones gravísimas: de cinco mil una a diez mil unidades tributarias anuales, cuando se trate de la entrega o uso indebido de información privilegiada, se trate del incumplimiento del programa de inversiones, acciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los usuarios de los servicios, y la reiteración de infracciones graves.
