Rudy Rivera enfatizó la preocupación de las víctimas y sus familias, junto con el respaldo a las mociones parlamentarias y modificaciones legales anunciadas por el Gobierno.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Coquimbo, Rudy Rivera Bugueño, expresó su respaldo al anuncio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de suspender la tramitación de decretos de rebaja de condena e impulsar medidas legislativas con discusión inmediata, en el contexto de la controversia por beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La autoridad regional destacó que la protección de las víctimas debe estar en el centro de la respuesta institucional. “Entendemos la preocupación y la angustia que esta situación genera en las víctimas de violencia sexual y sus familias. Son delitos de extrema gravedad, y nuestra responsabilidad es escuchar esa preocupación y contribuir a una respuesta que fortalezca su protección”, señaló.
En concordancia con los lineamientos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Rivera manifestó el respaldo a las iniciativas parlamentarias y a las modificaciones que impulsará el Ejecutivo para impedir que estas situaciones se repitan.
“Como ha señalado nuestro Ministerio, apoyamos las mociones parlamentarias y los cambios legislativos destinados a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios. Valoramos la suspensión de la tramitación anunciada por Justicia y la decisión de dar urgencia a las iniciativas que permitan abordar este problema”, sostuvo.
La medida anunciada se refiere a la suspensión de la tramitación de decretos y no constituye, por sí misma, la revocación de beneficios ya concedidos.
Protección frente a la explotación sexual en residencias
En materia de protección de la niñez, la seremi también valoró el proyecto anunciado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el marco del Plan Chile Cuida a los Niños, que busca reforzar el resguardo de quienes viven en residencias frente a la explotación sexual y otras amenazas graves contra su vida e integridad.
La propuesta busca entregar respaldo legal a los equipos responsables de su cuidado para intervenir oportunamente frente a adultos y redes delictivas que los captan, amenazan o explotan. Contempla medidas excepcionales y temporales, sujetas a supervisión, mientras que la reubicación de un niño amenazado requeriría autorización judicial.
“Cuando un niño o una niña está bajo el cuidado del Estado, debemos contar con herramientas para protegerlo a tiempo. Ningún niño es responsable de la explotación que sufre: la responsabilidad recae en los adultos y las redes que lo agreden. Por eso valoramos una propuesta que busca fortalecer la capacidad de actuar, con límites claros y resguardo de sus derechos”, expresó Rivera.
La autoridad regional reafirmó el compromiso de la cartera con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, y con el trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer la protección y evitar nuevas vulneraciones.
“Desde la Región de Coquimbo, seguiremos promoviendo una respuesta que ponga en el centro la dignidad de las víctimas, su protección y el derecho a recibir acompañamiento. Estos desafíos requieren coordinación y un compromiso sostenido de todo el Estado”, concluyó.
