Iniciativas como el helicóptero multipropósito, nuevos vehículos policiales y la eventual adquisición de una aeronave no tripulada Camcopter formaron parte de la presentación realizada ante consejeros regionales, en el marco del trabajo para avanzar hacia una estrategia coordinada de inversión en seguridad.
La Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Carabineros y del Ministerio Público para conocer las principales necesidades de la institución policial y analizar una cartera de proyectos orientados a fortalecer la seguridad en la región.
La instancia se enmarca en el convenio entre el Gobierno Regional y Carabineros, instrumento que permitirá ordenar, priorizar y desarrollar inversiones estratégicas destinadas a mejorar la capacidad operativa de la institución frente a los distintos fenómenos delictuales que afectan al territorio.
Durante la comisión, Carabineros presentó una cartera de iniciativas que considera proyectos de infraestructura, vehículos policiales y equipamiento tecnológico. Entre ellas destacan el helicóptero multipropósito recientemente adquirido con financiamiento regional, cuya inversión bordea los $10.000 millones, además de la propuesta de incorporar una aeronave no tripulada Camcopter, iniciativa que continúa en etapa de evaluación y que aún no ha sido priorizada a nivel central.
El jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, general Christian Brebi, valoró el respaldo que ha recibido la institución para fortalecer su labor en materia de seguridad.
“Cada una de estas iniciativas que se van materializando en el tiempo dan cuenta de la preocupación real por parte de los consejeros regionales por la seguridad de la región. Los avances han sido realmente muy grandes y esto no solamente es un apoyo para nosotros como Carabineros, también es un compromiso absoluto desde el punto de vista profesional para seguir haciendo nuestro trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana y siempre mejorándolo”, señaló.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Interno, Paola Cortés Vega, destacó la importancia de contar con la opinión de los organismos especializados al momento de definir inversiones de alto impacto para la seguridad regional.
“Quisimos conocer cuál era su opinión respecto a las grandes inversiones que está haciendo el Gobierno Regional en seguridad. El helicóptero multipropósito llegará a la región la próxima semana y también estamos analizando aeronaves no piloteadas de última tecnología. Para nosotros escuchar a quienes saben de esto es muy importante, porque la opinión de ellos es que la región está avanzando en tecnología, que es fundamental para abordar los desafíos en seguridad”, indicó.
La consejera agregó que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, vehículos e infraestructura permite fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la prevención y persecución del delito, en un trabajo que requiere coordinación entre distintos actores públicos.
A la reunión también fue invitado el fiscal regional Patricio Cooper, quien entregó una visión técnica sobre las principales amenazas criminales presentes en la región y sobre el potencial aporte que podrían tener nuevas tecnologías para enfrentarlas.
“El Camcopter es un proyecto que ya existe hace más de un año y nuestra opinión técnica es muy favorable respecto a la posibilidad de adquirir esta aeronave, porque nos permitiría avanzar en investigaciones de mayor complejidad relacionadas con narcocultivos, robo de vehículos y otros fenómenos criminales relevantes para la región”, explicó.
El persecutor agregó que actualmente los principales focos delictivos identificados por el Ministerio Público corresponden a los narcocultivos y sus delitos asociados, como homicidios y tráfico de armas, además del robo de vehículos y el robo de cobre.
En ese contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en una estrategia integral de seguridad que considere tanto las problemáticas urbanas como los desafíos presentes en sectores rurales, donde el combate a los narcocultivos y al crimen organizado requiere capacidades tecnológicas y operativas cada vez más especializadas.
