La contralora general de la República, Dorothy Pérez, confirmó que la Contraloría está revisando el uso de los beneficios sociales y el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.
La abogada expuso este miércoles en el conversatorio Probidad y Eficiencia del Estado, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes). La instancia se realizó en la Aula Magna de la casa de estudios, contó con la participación del Rector José Antonio Guzmán, el decano Álvaro García, académicos, estudiantes, y estuvo moderada por el profesor de la facultad, economista y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.
Durante su intervención, Pérez explicó que uno de los principales focos del plan fiscalizador 2026 está en la entrega irregular de beneficios sociales, junto a otras áreas como infancia y migraciones.
“El año pasado anunciamos que durante 2026 las prioridades de la Contraloría iban a estar en tres áreas: infancia, migraciones y entrega irregular de beneficios sociales a personas que no cumplen los requisitos que la ley dicta, o sea, el abuso”, indicó.
Según detalló, este eje concentra una parte importante de los recursos del organismo, debido al impacto que tiene en la correcta asignación de recursos públicos.
“Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”, explicó.
Fiscalización en curso y posibles irregularidades
En ese contexto, la contralora confirmó que actualmente se están revisando múltiples beneficios sociales para verificar que quienes los reciben cumplan con las condiciones exigidas por la normativa.
“En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad lo que estamos custodiando son los intereses de los ciudadanos”, sostuvo.
Finalmente, si bien Pérez indicó que no es posible determinar cuántas irregularidades podrían detectarse, reconoció que pueden existir errores en el proceso, debido al volumen de información que se analiza.
“Va a haber un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidio de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile”, advirtió.