A menos de una semana de haber asumido, el gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast ya comenzó labores en la frontera con Perú y Bolivia en el marco del plan “Escudo Fronterizo”, con el objetivo de controlar la migración irregular en Chile. ¿En qué consiste esta iniciativa, cuáles serán las primeras medidas y cuánto tiempo podría demorar en estar plenamente operativa?
El académico de la Facultad de Derecho y experto en derecho internacional, Édgar Fuentes-Contreras, explica que, en términos sencillos, las medidas que busca implementar este plan no se reducen a la construcción de un muro. Su objetivo es “fortalecer la frontera para enfrentar la delincuencia transnacional y, además, la migración irregular. De ahí que parte de las acciones previstas apunten al cierre de pasos no habilitados”, señala.
Cierre de pasos no habilitados
Además del cierre de pasos no habilitados, se harán zanjas y el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, además de muros de hasta 5 metros.
En ese sentido, Fuentes-Contreras aclara que no se instalará un muro con características similares al que existe en Estados Unidos. Pensar en esa comparación —advierte— puede llevar a una lectura sesgada de la situación y conducir a interpretaciones erróneas.
“Estructuralmente, las iniciativas de ambos países responden a circunstancias, capacidades, recursos y necesidades distintas. Incluso la geografía es difícilmente comparable”, comenta.
Finalmente, el académico dice que el plan se fundamenta en el principio de soberanía nacional y en los derechos reconocidos a los Estados, en particular su autodeterminación. Sin embargo, “como todo derecho, hay límites, y allí surge la exigencia de que el plan no exceda los derechos reconocidos a las personas”.
Por ello, lo esencial, para Fuentes-Contreras, será que la implementación sea capaz de resguardar los derechos, la integridad y la dignidad de las personas migrantes, independientemente de su estatus.