En Chile, el uso de dispositivos de grabación discretos, tales como la cámara espía, llaveros grabadores o bolígrafos espía, está estrictamente regulado por la legislación vigente, específicamente por el Código Penal chileno en sus artículos 161 A y 161 C, los cuales protegen la privacidad y la intimidad de las personas.
Grabar conversaciones o imágenes privadas sin el consentimiento expreso de quienes participan, en espacios no accesibles al público, constituye un delito que puede conllevar penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multas que varían entre 50 y 500 Unidades Tributarias Mensuales.
No obstante, hay ciertas excepciones en las que la grabación puede ser considerada legal, especialmente cuando se realiza en espacios públicos o cuando existe un interés público legítimo, siempre cuidando de no afectar la privacidad de terceros. Esta regulación busca equilibrar la protección de la intimidad con la necesidad de seguridad y prueba en ciertos contextos.
Marco legal de las grabaciones en Chile
La Constitución Política de Chile consagra en sus artículos 19 N°4 y 19 N°5 la inviolabilidad del hogar y la privacidad de las comunicaciones, lo que establece una protección fundamental para toda persona frente a ataques o interceptaciones ilegítimas. Complementario a esto, el Código Penal detalla en los artículos 161 A y 161 C las prohibiciones específicas para la captación, interceptación o grabación de conversaciones y de imágenes, voces o sonidos en lugares privados sin la debida autorización.
Estas disposiciones buscan resguardar la intimidad frente a cualquier captura o difusión que pueda dañar a las personas involucradas. La Ley N°19.628 sobre Protección de Datos Personales agrega otro nivel de regulación al considerar como datos sensibles cualquier tipo de grabación que pueda identificar a una persona, por lo que exige consentimiento expreso para su tratamiento y difusión.
En el ámbito laboral, la legislación establece restricciones estrictas, permitiendo videovigilancia únicamente en zonas comunes, informando a los trabajadores y prohibiendo el registro de audio o espacios privados como baños. Aunque no existe una norma específica para el uso de cámaras de vigilancia, la interpretación judicial tenderá a privilegiar el respeto por la dignidad humana y la privacidad en cada caso.
La jurisprudencia de la Corte Suprema ha dado muestras de cierta flexibilidad, validando grabaciones ocultas que involucren al grabador como partícipes de la conversación y sirvan como prueba, aunque esta doctrina no es absoluta y se deben considerar con atención las circunstancias particulares de cada situación.
Dispositivos comunes y su regulación
Entre los dispositivos de grabación discretos más comunes y accesibles se encuentran la cámara espía, que suele integrarse en objetos cotidianos como relojes o detectores de humo, diseñada para captar video y audio sin ser detectada. El uso de una cámara espía en espacios privados, como dentro del hogar de una persona sin su consentimiento, infringe claramente el artículo 161 C del Código Penal, por capturar hechos privados con ilegítima intención. En contraste, grabar en la vía pública con una cámara espía para documentar situaciones de interés general es legal siempre que no se enfoque directamente conversaciones íntimas ni invada propiedades privadas vecinas.
Por otro lado, el llavero grabador, que es un aparato pequeño diseñado para registrar audio de alta calidad, se utiliza muchas veces en reuniones o encuentros privados. Si se emplea para captar diálogos sin el consentimiento de todos los participantes, se incurre en un delito sancionado por el artículo 161 A, y las penas se agravan si además se divulga este material.
Sin embargo, un individuo puede grabar su propia conversación en la que participa, utilizándose como una forma legítima de defensa en tribunales, siempre que se respete la privacidad de terceros. El bolígrafo espía, otro dispositivo que oculta un micrófono dentro de una pluma funcional, también presenta desafíos legales similares.
Usarlo para grabar de forma clandestina en una oficina sin informar o sin autorización puede acarrear la nulidad de dichas grabaciones y acciones legales en su contra. Estos ejemplos muestran cómo el simple hecho de que un dispositivo sea pequeño y difícil de detectar no lo exime de la responsabilidad jurídica, lo esencial es el contexto del uso y la autorización o consentimiento de los afectados.
Qué está permitido: Excepciones prácticas
La grabación en lugares públicos es generalmente legal dado que en esos espacios no existe una expectativa razonable de privacidad para quienes transitan o participan. Por ejemplo, filmar con un teléfono o un dispositivo discreto durante una manifestación o evento en una plaza es permitido mientras no se capten conversaciones privadas o se utilice para hostigar o acosar a personas. En situaciones de defensa propia o por razones de interés público, las grabaciones hechas sin consentimiento pueden ser aceptadas judicialmente como pruebas válidas.
Un caso frecuente es el de víctimas de violencia doméstica que han utilizado bolígrafos espía para registrar abusos en el interior de su hogar, argumentando que esta modalidad fue la única forma de protegerse, y los tribunales han reconocido la legitimidad de dichos registros cuando se justifica la necesidad y no se difunden de forma indebida.
Asimismo, los procedimientos policiales o judiciales con autorización legal para grabar eximen a los operadores de responsabilidad penal. En contextos laborales o comerciales, la instalación de cámaras visibles sin audio en áreas comunes es lícita, siempre y cuando exista una política clara informando a los trabajadores.
Qué está prohibido: Riesgos y sanciones
La instalación de dispositivos ocultos en espacios privados ajenos, como una cámara espía en el baño de un vecino o un llavero grabador dentro de una casa sin autorización, está prohibida y es considerada un delito por el Código Penal. Las sanciones contemplan desde penas de prisión que pueden ir desde 61 días hasta 3 años, además de multas significativas.
La difusión o publicación de este material agrava aún más las penas, por afectar no solo la intimidad sino también la dignidad y honor de las personas involucradas. Uno de los aspectos clave de la legislación chilena es que grabar a terceros sin ser partícipe de la conversación o sin el consentimiento expreso de todos los interesados es una infracción grave. En las llamadas o comunicaciones digitales, también se exige notificación previa a través de las nuevas normativas de protección de datos.
La nulidad de las pruebas obtenidas ilegalmente puede ocasionar el cierre de causas judiciales o la anulación de procesos laborales, donde el uso indebido de dispositivos ha sido recurrente motivo de controversia. En materia laboral, despidos o sanciones basados en grabaciones ilícitas pueden ser revertidos en tribunales por vulnerar el debido proceso y garantías laborales.
Casos reales y jurisprudencia
Un antecedente jurisprudencial notable es un fallo de la Corte Suprema en 2018, donde se validó una grabación oculta porque el autor era partícipe de la conversación y se utilizó como una herramienta legítima para probar un hecho en juicio. Esta decisión marcó un precedente importante, mostrando que bajo ciertas condiciones la grabación unilateral puede ser admitida sin constituir delito. Sin embargo, existen resoluciones posteriores donde tribunales laborales han rechazado audios obtenidos sin consentimiento, anulando sumarios o juicios por considerar que la prueba fue obtenida ilícitamente.
Por otro lado, ha habido situaciones en las que cámaras vecinales fueron declaradas ilegales por apuntar a propiedades privadas, infringiendo la inviolabilidad del hogar y la privacidad protegida por la Ley N°19.628. La jurisprudencia también tiene en cuenta que, en procesos de divorcio o conflictos entre cónyuges, grabaciones realizadas en conjunto o con conocimiento mutuo pueden ser consideradas válidas, siempre que no involucren terceros no autorizados.