Los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a las diputadas oficialistas Carolina Tello, Gael Yeomans, Consuelo Veloso y Emilia Schneider, y el diputado Daniel Melo, presentaron un proyecto de reforma constitucional destinado a incorporar en la Carta Fundamental el derecho a la salud sexual y reproductiva, además de garantizar a nivel constitucional el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, actualmente reguladas por la ley Nº 21.030.
La iniciativa busca otorgar un marco constitucional de protección que vaya más allá del alcance legal vigente, en línea con los compromisos asumidos por Chile en materia de derechos humanos y con recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Al respecto, la diputada y senadora electa del PS, Daniella Cicardini, resaltó que “hacemos ingreso de este proyecto porque queremos blindar los avances de los derechos para las mujeres ante las amenazas. Evidentemente para nosotros no hay ninguna posibilidad que retrocedamos en nuestro país para poder ver a una mujer morir en el parto o derechamente que se le obligue a una niña tener a el hijo de su violador. Estas conquistas nos costaron mucho para las mujeres. En este Congreso la lucha duró años, fueron debates con muchos obstáculos, pero se logró”.
“Por eso creemos que si establecemos estos derechos en la Constitución daremos garantías de protección más allá de los gobiernos de turno. Ese es el objetivo del ingreso de este proyecto”, remarcó.
En esa línea, la diputada del FA, Carolina Tello, señaló que “venimos a defender la libertad de las mujeres, la seguridad de muchas niñas menores de edad, que sabemos hoy día en nuestro país solamente tenemos la posibilidad de acceder a la prestación de salud del aborto en tres causales. Creemos que es muy importante que esas tres causales queden establecidas en el artículo 19 de nuestra Constitución, en un número nuevo, en el número 25, que esperamos pueda establecer una garantía constitucional para la libertad, la seguridad, la salud y por cierto la dignidad de muchas mujeres y niñas en nuestro país”.
“Creemos que es un imperativo que tenemos desde este espacio de representación y particularmente porque conocemos muchos casos en los cuales va más allá de la libertad, va en riesgo la vida de una mujer, va en riesgo la indemnidad sexual de una niña y es por eso que con fuerza venimos a presentar esta reforma constitucional en pos de garantizar algo que es central y que también es un derecho en nuestra sociedad, que es la libertad”, reforzó.
Asimismo, la diputada oficialista Consuelo Veloso agregó que “las sociedades deberían tender a la evolución, no a la involución. La evolución de una sociedad implica que las personas tengan acceso a una mejor calidad de vida y en este caso a que las mujeres tengan acceso a condiciones mínimas cuando enfrentan problemáticas asociadas a la maternidad. Pero la maternidad que pone en riesgo su vida, a la maternidad que implica que una niña, como se señalaba, tenga que tener el hijo de su violador, una niña de 12 años, una niña de 13 años o una mujer de cualquier edad. Es el derecho a la salud de las mujeres lo que estamos resguardando y está en riesgo real”.
Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA) fustigó que “el día de ayer, lamentablemente la ley de Presupuestos venía con una indicación aprobada en el Senado que pone en riesgo la privacidad de los datos de las mujeres que abortan por las tres causales. Ese tipo de indicación en una glosa presupuestaria obviamente pone en riesgo los avances y las garantías que ya están establecidas en la ley. Elevarlo a rango constitucional nos permite también contar con una protección mayor para aquellas mujeres que quieren hacer uso de algo que ya está establecido en la ley, pero que para algunos quieren al menos hacer retroceder”.
Finalmente, el diputado Daniel Melo (PS) expresó: “Frente a las amenazas de la extrema derecha de retroceder en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, este proyecto busca resguardar constitucionalmente el aborto en tres causales. En tiempos donde algunos quieren imponer retrocesos, nosotros avanzamos con más justicia, más dignidad y más libertad para todas las mujeres de Chile”.
Un debate pendiente en derechos reproductivos
Desde 2017, Chile reconoce legalmente tres causales de interrupción del embarazo: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de violación. No obstante, diversos estudios y organizaciones han advertido que el acceso a estas prestaciones continúa siendo desigual y está condicionado por factores socioeconómicos, territoriales y administrativos.
Informes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señalan que la penalización del aborto afecta con mayor fuerza a mujeres de menores recursos, quienes enfrentan mayores riesgos de salud al recurrir a procedimientos clandestinos y están más expuestas a la persecución penal.
Asimismo, la OMS ha enfatizado que garantizar acceso a educación sexual integral, anticoncepción, abortos seguros y atención oportuna es clave para evitar complicaciones, lesiones y mortalidad materna asociados a la criminalización del aborto.
La propuesta también recoge los estándares establecidos por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Chile, que reconoce explícitamente el derecho de mujeres, niñas y adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en su Observación General Nº 22, precisa que estos derechos son esenciales para la autonomía de las mujeres y para la igualdad de género.
Contenido de la reforma
El proyecto, que iniciará su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados en las próximas semanas, propone incorporar un nuevo numeral en el artículo 19 de la Constitución, estableciendo:
– El derecho a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la facultad de decidir libre e informadamente sobre el propio cuerpo, sexualidad y métodos anticonceptivos.
– Garantizar el derecho a interrumpir el embarazo en tres causales: Riesgo vital de la mujer; inviabilidad fetal, incompatible con la vida extrauterina independiente; embarazo producto de violación, con plazos diferenciados para niñas menores de 14 años.
– El deber del Estado de asegurar un acceso seguro, oportuno y no discriminatorio a estas prestaciones de salud.