Decisión del Tribunal de Alzada mantuvo con esa cautelar a los cuatro principales imputados en la causa.
La Fiscalía de Focos de la Fiscalía Regional de Coquimbo valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena que rechazó hoy –miércoles 12 de febrero– el recurso de apelación presentado por las defensas y confirmó la prisión preventiva de N.P.C.M. y B.O.G.G., ex funcionarias del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; C.A.M.F., esposo de N.P.C.M., y M.A.S.B., imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco y lavado de activos.
Los ilícitos habrian ocurrido entre 2019 y 2024, en la comuna de La Serena y la formalización de la investigación, luego de reunir varios antecedentes en la causa, se llevó a efecto en enero pasado.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Marcela Sandoval Durán y Carlos Jorquera Peñaloza– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de La Serena, al compartir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, el tribunal desestimó las alegaciones de las defensas en orden a cuestionar la calificación de funcionario público de las imputadas N.P.C.M. y B.O.G.G.
El fiscal Carlos Vidal dijo que “reafirmamos nuestra postura y antecedentes que se hicieron valer ante el juez de garantía en la causa. El día de hoy reiteramos los fundamentos planteados y el fallo ha sido favorable en el sentido de observar que se mantienen los elementos del delito imputados en la causa y las participaciones. La Corte ha dado especial énfasis al carácter del delito en que la defraudación se comete, vulnerando servicios de salud que se presta por la corporación de salud”, dijo.
Resolución
La resolución agrega que en cuanto a la necesidad de cautela, “en primer término, no es posible soslayar que se trata de una corporación municipal, cuya función es propender al cumplimiento de funciones de salud de la comuna de La Serena, lo que implica que se trata de recursos públicos cuya ejecución presupuestaria debía atribuirse a sectores de la población de bajos ingresos y de especial vulnerabilidad. Enseguida, la gravedad de la pena asociada a cada uno de estos delitos, en particular, el de lavado de activos y de fraude al fisco, la multiplicidad de ellos, como también el hecho de haber obrado en grupo o pandilla, permiten aseverar que la libertad de los imputados constituye, como lo razona acertadamente el juez de garantía en su resolución, un peligro para la seguridad de la sociedad”.
El tribunal desestimó, además, los argumentos de las defensas de las imputadas B.O.G.G. N.P.C.M. y el imputado C.A.M.F. que solicitaron considerar las labores de cuidado respecto de su madre e hijos menores de edad, respectivamente.
Situaciones que, para el tribunal de alzada: “No pueden ser consideradas al tiempo de decretar la medida cautelar que se ha dispuesto, en atención a que sus argumentos resultan insuficientes para morigerar el rigor de la medida cautelar, en atención a la naturaleza de los delitos cometidos y la calidad de funcionarias públicas de dos de las imputadas”.
Tras la comunicación del fallo, el ministro Felipe Pulgar Bravo explicó que: “La Corte estimó que concurrían las características propias de los delitos a partir de una asociación formada por al menos estos cuatro imputados, quienes encargaban contactar a personas para que emitieran boletas de honorarios o entregaban sus claves para que los imputados confeccionan la respectiva boletas, por servicios que jamás prestaron en la corporación municipal, pero se hacía un certificado por parte de los imputados que daba cuenta que sí lo habían hecho y por lo tanto procedía el pago. Este sistema de defraudación utilizaba dineros destinados a programas municipales asociados a la red de salud y de consumo de droga respecto de personas especialmente vulnerables como mayores y además como niños, niñas y adolescentes”.
“Consideramos que este delito, atendida la penalidad que detenta y el grado de ejecución, sumado a la organización interna definida con roles, posiciones y jerarquía, permiten entender constituida la hipótesis, hasta lo que va en este estadio procesal, de la asociación ilícita y de la falsificación de instrumento público. Por lo tanto, atendida las penas que eventualmente se les puedan aplicar, evidentemente hay una necesidad de cautelar que, por seguridad de la sociedad, estas personas se encuentren privadas de libertad, lo que en definitiva la Corte decidió”, concluyó.
Según la Fiscalía, los últimos meses de 2019 y hasta 2024, las imputadas N.P.C.M., coordinadora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, y B.O.G.G., secretaria (cargos que ejercieron hasta enero y abril de 2022, respectivamente) junto a C.A.M.F, cónyuge de N.P.C.M., se organizaron con el objetivo de cometer de manera sistemática y permanente la defraudación de fondos públicos y lavado de activos que administra la corporación, desempeñando cada uno de los integrantes funciones determinadas y útiles para el fin delictivo, que les permitió defraudar al fisco en, aproximadamente $762.778.091.
Mientras operó, la organización reclutó a otros sujetos que participaron en la defraudación de fondos fiscales durante 2020 y 2021, simulando la existencia de actividades, servicios o prestaciones que no realizaban, proporcionando boletas y/o facilitando sus claves para su confección y luego transferir a los líderes parte de lo defraudado.
Según el Ministerio Público, los imputados idearon y se organizaron de la siguiente forma en que una de las funcionarias a través del cargo de coordinadora del Departamento de Salud, habría administrado programas financiados con fondos públicos e intervenía en la autorización de boletas para pago.
Posteriormente, otra de las imputadas reclutaría a diversas personas ajenas a la corporación para que les facilitaran las claves de acceso al Servicio de Impuestos Internos para emitir boletas fraudulentas y recibir en sus cuentas bancarias los montos defraudados, que luego transferían, giraban y/o entregaban por mano a los miembros de la asociación a cambio de un pago.
Un tercer sujeto, esposo de la coordinadora, además de reclutador, recibiría en sus cuentas los fondos fiscales defraudados y los incorporaba al sistema económico formal, a través de múltiples sociedades y utilizando cuentas bancarias para ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros.
En tanto, según el Ministerio Público, una cuarta persona imputada, reclutaría al menos a dos personas y del análisis de sus cuentas sería quien congrega la mayor recepción de fondos de otros imputados que luego transfiere al resto.
Sobre el desarrollo de la investigación, el fiscal Vidal añadió que “en 100 días debe continuar la tramitación de la causa, como medidas intrisvas, otras declaraciones y el desarrollo de las audiencias”, dijo.
