“Asegurará que el uso de estos recursos se alineen con los intereses de la ciudadanía”
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 119 votos el proyecto de ley que obliga a los alcaldes a detallar en su cuenta pública el uso de los recursos destinados por concepto de Ley de Royalty (Ley 21.591). Una de las parlamentarias que se manifestó a favor del fue la diputada Nathalie Castillo, quien señaló que el ejercicio de transparencia permitirá “asegurar que el uso de estos recursos se alineen con los intereses de la ciudadanía, fortalecer la confianza de la ciudadanía con la administración pública y fiscalizar la gestión”.
“Recuperar espacios públicos, invertir en infraestructura y seguridad comunitaria son parte de las iniciativas que esperamos que los municipios estén alineados, entendiendo el carácter de equidad territorial, además de hacer justicia a una demanda que por años hemos estado solicitando desde nuestro sector político y nuestro partido (Comunista)”, señaló.
La moción parlamentaria consta de un único artículo que incorpora un nuevo literal “m)” al artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Este nuevo literal establece precisamente la obligación de los ediles a informar en detalle -en el marco de su cuenta pública anual- el uso de los fondos recibidos, lo que permitirá un seguimiento claro de su destino en proyectos y programas comunales.
En lo concreto, el jefe o jefa comunal deberá rendir cuentas sobre: uso y ejecución de los fondos en programas y proyectos municipales; asignación de recursos en áreas críticas para el desarrollo de la comuna y el impacto social y económico de estos recursos en la comunidad.
La diputada, a su vez, recordó que el 22 de julio del presente año ofició a los municipios de la región para conocer en detalle el destino de los más de 7600 millones de pesos provenientes del Fondo de Equidad Territorial y el Fondo Común Minero.
“Que nunca más las externalidades negativas de la minería sometan a las comunidades a vivir en ambientes precarios y sabemos que esto no libera a las empresas como la CMP en Guayacán que hace respirar fierro a sus habitantes o a Minera Los Pelambres que agota las cuencas y lidera conflictos socioambientales en la región; o Teck que llenó de tortas de relave a Andacollo y que hoy por hoy van subsanando. El Royalty no los exime de sus responsabilidades”. El proyecto pasa al Senado para continuar con su trámite constitucional.
