La Corte de Apelaciones de La Serena acogió este viernes 6 de septiembre el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución del Juzgado de Garantía de Ovalle, y ordenó la prisión preventiva para 22 imputados por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Ilícitos perpetrados desde 2019, en la comuna.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Cristián Álvarez Mercado, Roxana Camus Argaluza y la fiscala judicial Pilar Aravena– revocó la resolución original que estableció la necesidad de cautela por peligro de fuga con una caución de $2.00.000 para cada imputado, y ordenó la prisión preventiva por considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.
En un reciente fallo, el tribunal de alzada ha revocado la resolución que establecía una caución para los imputados en un caso de tráfico ilícito de drogas, ordenando en su lugar la medida cautelar de prisión preventiva. La decisión se basa en la gravedad del delito y el peligro que representa para la seguridad de la sociedad.
El juez de garantía de Ovalle había concluido en la audiencia de control de detención que existían presunciones fundadas sobre la existencia del delito de tráfico ilícito de drogas, conforme al artículo 3 de la Ley Nº 20.000, y sobre la participación de los imputados. Inicialmente, se decretó la prisión preventiva, pero esta fue sustituida por una caución, considerando que la libertad de los imputados constituía un peligro de fuga. Esta resolución fue apelada por el Ministerio Público, con el apoyo de la parte querellante.
El tribunal de alzada, en su competencia como tribunal revisor, determinó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dado el carácter pluriofensivo del delito en relación con el bien jurídico protegido, la salud pública, y el hecho de que se actuó en grupo o pandilla. Por lo tanto, se revocó la resolución del 29 de agosto y se dejó sin efecto la caución establecida.
El ministro Álvarez Mercado explicó que el delito de tráfico de drogas, por el cual fueron formalizados los imputados, permite establecer la medida cautelar de prisión preventiva bajo la modalidad de peligro para la seguridad de la sociedad. Esto se debe a la gravedad de la pena asignada por ley al delito, el carácter del mismo y las circunstancias de haber obrado en grupo o pandilla.
Además, el tribunal de alzada estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para una de las imputadas, debido a su avanzado estado de embarazo y problemas de salud derivados del mismo. La decisión se basa en la necesidad de asegurar los fines del procedimiento y la integridad de quien está por nacer, en línea con los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros que promueven medidas alternativas a la prisión preventiva para mujeres delincuentes, considerando su historial de victimización y responsabilidades de cuidado.
Esta resolución refleja la preocupación del tribunal por la seguridad pública y la protección de los derechos de las personas imputadas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Según el ente persecutor, desde julio de 2019, los imputados conformaron una organización criminal asentada en la comuna de Ovalle y con operaciones en diversas comunas del país, en especial en la región de Coquimbo, con el objetivo de cultivar, procesar y traficar marihuana; además de poseer y almacenar armas de fuego y municiones. Para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido con el tráfico ilícito de droga, la entidad, que contaba con una estructura jerarquizada, con células dependientes y con roles definidos, adquirió diversos bienes.
El 8, 9 y 10 de abril de 2024, en la localidad de Mantos de Hornillos, comuna de Ovalle, la policía incautó 1.663 kilos de marihuana, lográndose el 26 de agosto la detención de los 23 imputados.
