La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción La Serena analizó, durante cinco jornadas, un total de 398 solicitudes presentadas por el tribunal de conducta de Gendarmería de la región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.
El presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Iván Corona Albornoz, en su calidad de presidente de la comisión, informó que en esta oportunidad fueron concedidas 46 solicitudes, es decir, un 11,5%, mientras que se rechazaron 352 peticiones (88,5%).
Las 46 solicitudes acogidas corresponden a 36 del centro penitenciario de La Serena, 5 a Ovalle y 5 a Illapel.
El ministro destacó que se analizaron exhaustivamente todas las carpetas, verificando que cumplieran con las exigencias que señala la ley. “Especialmente tuvimos en vista antecedentes como los factores y riesgos de reincidencia, los informes psicosociales que nos entrega Gendarmería de Chile y, por supuesto, el cumplimiento de todos los demás requisitos que establece la ley”, indicó Corona.
En ese sentido, una de las nuevas exigencias legales considera que las víctimas puedan oponerse al beneficio. En la jurisdicción se presentaron 11 oposiciones, 10 de ellas fueron por escrito y una en audiencia por zoom.
“Las últimas modificaciones de noviembre del año 2023 al Decreto Ley 321 permite a las víctimas oponerse al otorgamiento del beneficio. La influencia que puede tener esa exposición y oposición debe también guardar consonancia con los antecedentes que se presentan para el conocimiento de la comisión, es decir, pueden tener cierta influencia siempre y cuando los demás antecedentes que la comisión conoce den cuenta de factores que inciden en el rechazo de la solicitud”, explicó el ministro.
En el caso de los internos a quienes se les concede el beneficio de la libertad condicional, el ministro señaló que se les notifica la resolución de la comisión y se dispone su libertad, momento desde el cual comienzan a cumplir con el plan de intervención que determina Gendarmería de Chile y con los requisitos que el Decreto Ley 321 establece.
“En caso de cometer un nuevo delito encontrándose con el beneficio de la libertad es una causal de revocación del beneficio y por lo tanto, deberá ingresar a cumplir lo que le resta de la condena, además de la pena que se le pueda imponer por la comisión del nuevo delito”, concluyó el ministro.
La comisión estuvo integrada por los jueces orales Carlos Manque, Eugenia Gorichón y Claudio Weishaupt; los jueces de Garantía, Claudio Ayala y Carolina Baroncini y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.
Para postular los internos debe cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925 y entre los requisitos se encuentran: haber cumplido la mitad de la que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral, y/o haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento.
De acuerdo a lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, en abril y octubre.
