Tres centros penitenciarios de La Serena fueron inspeccionados por la comisión de visita a cárcel, integrada este año por la ministra de la Corte de Apelaciones Gloria Negroni Vera, la jueza del tribunal oral Ana Marcela Alfaro, el juez de garantía Claudio Ayala Oyanadel y la secretaria del tribunal de alzada, Soledad Sepúlveda Fonck.
La iniciativa, establecida en el artículo 578 del Código Orgánico de Tribunales, se ejecuta en abril y octubre de cada año, siendo visitados el complejo penitenciario Huachalalume, principal cárcel de la región de Coquimbo, con capacidad para 2.318 internos; así como el centro de internación provisoria e internación en régimen cerrado, y el centro de libertad asistida Pucará, que reciben a menores de edad infractores de ley.
En el caso de Huachalalume, la ministra Negroni informó que “se hicieron de inmediato ciertas coordinaciones, también se citó ya a una reunión al director de la empresa que tiene concesionada la cárcel de La Serena para comentar diversos aspectos que puedan derivar en mejoras, en relación a requerimientos que se hicieron por parte de las personas privadas de libertad”.
En el recorrido la comisión observó en terreno el funcionamiento de los recintos, visitó módulos e inspeccionó las condiciones en que permanecen los internos, de manera de verificar aspectos como seguridad, salud, orden e higiene y que se cumplieran las observaciones realizadas en la visita de octubre del año pasado. Asimismo, recibieron en audiencia a internos e internas que quisieran manifestar consultas o realizar reclamos.
“En el centro cerrado pudimos observar condiciones bastantes extremas –a juicio de la comisión- que vamos a poner en conocimiento de las autoridades pertinentes, para lograr que se consiga un estándar de la garantía de derecho de los adolescentes que se encuentran allí, dado que el recinto tiene bastantes falencias que pudimos corroborar en la visita”, indicó Negroni.
Finalmente, respecto al centro de libertad asistida, la comisión verificó el mejoramiento de las condiciones, considerando el traspaso de Sename a Servicio de Reinserción Social Juvenil. “Siempre hay mejoras que se pueden plantear en reuniones de coordinación con los diferentes estamentos para lograr mejores condiciones y garantías de los derechos de las personas que se encuentran en los diferentes recintos”, concluyó.
Además de las acciones de coordinación con las instituciones relacionadas, la información sobre la visita es remitida a la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y a cada centro penitenciario.
