Persecutor regional rindió los resultados de la gestión 2023 y un balance del período 2016-2024. Destacó la creación del equipo de Crimen Organizado y Homicidios.
Sobre cifras de homicidios en la región, dijo que estamos trabajando en que no se instalen bandas que cometan homicidios. “No se descarta crimen organizado; no está instalado como cárteles o monopolios, pero sí se está luchando por el Estado para impedirlo”, dijo.
Con la presencia de la Directora Ejecutiva Nacional de la Fiscalía de Chile, Mónica Naranjo, el Fiscal Regional de Coquimbo nombrado, Patricio Cooper, familiares, equipos de la Fiscalía Regional y locales, autoridades y vecinos, el Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega Cortés, rindió la octava y última cuenta pública de gestión 2023 y un balance de su período comprendido entre los años 2016 y 2024.
En cuanto a los principales resultados, la autoridad regional del Ministerio Público informó que hubo 65.547 ingresos en el año 2023, con un 38% de imputado conocidos y que se registraron 63.162 términos de causas.
Existe un 42% tasa de vigencia de causas y hubo 6.776 imputados judicializados más 961 acusaciones en procedimiento ordinario
En cuanto a porcentaje de condenas, la Fiscalía logró un 77% de sentencias en juicios orales ante los Tribunales Orales en lo Penal de La Serena y Ovalle
Respecto a resultados en que víctimas e imputados logran un acuerdo que evite el conflicto penal, hubo 803 acuerdos reparatorios a víctimas; además, se registraron 2.869 suspensiones condicionales.
Homicidios
En el año 2022 se registraron 52 homicidios y en el año 2023 la cifra descendió a 49 casos. “No descartamos que exista crimen organizado, pero no está instalado como cárteles o monopolios de territorios. Lo que sí se está luchando por parte del Estado para instalar persecución en los territorios”, dijo Adrián Vega, quien descartó la existencia de bandas dedicadas a cometer este tipo de delitos.
En ese sentido, resaltó que el equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, tuvo una “instalación bastante rápida, no a contra reloj, pero de modo acelerado. Esperamos que no solo se aporte al esclarecimiento, sino a entender el fenómeno criminal para poder buscar evitarlos”, dijo.
Además, en el 2022 se registró menor cantidad de uso de armas de fuego en los delitos.
Víctimas y Testigos
En atenciones a víctimas y testigos se registraron 10.578 atenciones lo que significó respecto al 2022 un 10,1% de incremento.
En Violencia de Género hubo 5.434 casos, de los cuales hubo un 51.3% de intervención en violencia intrafamiliar. En cuanto a víctimas niños, niñas y adolescentes, se registraron 2.375 casos
Sobre medidas de protección se ejecutó un presupuesto de 126 millones 763 mil 670 pesos y se costearon $67.421.232 en atención de salud mental
Respecto a Entrevistas Videograbadas, se hicieron 718 y 1.232 evaluaciones de disponibilidad.
Alegatos Judiciales
En cuanto a Alegatos en la Corte hubo 583, 1.081 resoluciones y 1.553 oficios
Recuento 2016 al 2024
Sobre los ingresos, en el período del fiscal regional de Coquimbo, se registraron en el 2016 un total de 50.029 causas, el cual creció hasta los 65.547 hoy en día.
Un buen antecedente fue el índice de satisfacción de usuario. El fiscal Vega dijo que la región de Coquimbo tiene un tercer lugar a nivel nacional de evaluaciones positivas, con un 70,2%, solo bajo la región XI y XII. “Hoy los fiscales de la cuarta región de Coquimbo y los de Chile, los funcionarios, los equipos, no solo ocupan un cargo o tienen una profesión, sino generan una forma de ser”, reflexionó el Fiscal Regional Vega. “Gente valiosa, que le gusta la pega. Lo hacemos por cariño”, dijo finalmente.
“Es probable que haya faltado generar unidades especializadas, tenemos uno de los mayores déficits de fiscales vs carpetas y eso impide crear fuerzas de tareas permanentes para enfrentar ciertos fenómenos, pero que hemos hecho con esfuerzos mancomunados del que habla con sus equipos, pero para fiscalías de más complejidad, se requieren más recursos”, dijo Vega.
Sobre carpeta digital dijo que hay que llevar a cabo ese proyecto que “libera de tareas de funcionarios que pueden aportar a la persecución penal”.
