Gracias a una investigación de la Contraloría, durante la última semana se logró establecer que decenas de beneficiados con pensión de gracia por el Estallido Social mantienen antecedentes penales graves.
Luego de que la Contraloría General de la República publicara que a nivel nacional 58 personas fueron beneficiadas con las pensiones de gracia, y que mantienen antecedentes penales por abuso sexual, homicidio y producción de material pornográfico infantil, se han realizado una serie de cuestionamientos a los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
En detalle, se aclaró que los postulantes a dicho beneficio no presentaron certificados médicos, ni antecedentes que sirvieran de base para recibir dicha pensión.
¿Cómo se originó y se logró la aprobación de las Pensiones de Gracia?
Todo se remonta al año 2020 cuando el actual Senador de la República, y en en ese entonces Diputado, Daniel Nuñez, logró incluir una indicación en el presupuesto 2021 del Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera para otorgar pensiones de gracia a las víctimas del estallido social.
En ese entonces no se presentaron mayores requisitos para filtrar e investigar fehacientemente a los beneficiados de esta pensión, con el fin de evitar que no tuvieran antecedentes penales previos.
En un video publicado el 19 de noviembre del año 2020 en la cuenta de la red social X del Senador Nuñez, indicó que “se dejé abierta la posibilidad que el Estado entregue una pensión de gracia a aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que hoy día (noviembre 2020) se encuentran en condición de, en la práctica, invalidado/discapacitado”. En el clip, el Senador emplaza a quien en ese entonces era Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Monckeberg, a que el Gobierno de Sebastián Piñera entregue estas pensiones de gracia que finalmente se concreta y que hoy en día están siendo cuestionadas.
Las falencias que permitieron acreditar a los beneficiados de esta pensión
A continuación te dejamos un resumen de las siete falencias clave señaladas en el texto entregado por la Contraloría y que involucra al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y al Departamento de Acción Social (DAS).
Falta de confirmación y acreditación de datos:
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditó la calidad de víctima de los beneficiarios sin validación adicional.
El Departamento de Acción Social (DAS) no confirmó ni acreditó la información recibida, lo que podría llevar a decisiones incorrectas en la asignación de pensiones.
Antecedentes médicos cuestionados:
19 expedientes de beneficiarios carecían de antecedentes médicos o tenían certificados poco legibles.
Ni la DAS ni la Comisión Asesora realizaron gestiones para validar los antecedentes médicos, incumpliendo principios de control y transparencia.
Pensiones otorgadas a personas con condenas:
De las 419 pensiones otorgadas, 58 fueron para personas con condenas, incluyendo delitos graves como pornografía infantil, abuso sexual y homicidio.
En el documento señala la falta de información oportuna para evaluar la idoneidad de otorgar el beneficio.
Once pensionados recibían otro beneficio:
Contraloría identificó 11 casos de pensionados que también recibían el Subsidio Único Familiar (SUF) en 2022, incumpliendo la ley que prohíbe acumular beneficios.
Categorización arbitraria de montos por lesiones:
El documento que categoriza lesiones y establece montos de pensión no estaba formalmente aprobado, por lo que el organismo del Estado insta a seguir procedimientos formalmente establecidos para la entrega de beneficios excepcionales.
Aumentos en los pagos sin sustento:
En la revisión , se detecta falta de respaldo para una nueva instancia de reclasificación de la gravedad de los casos y otorgamiento de aumentos en las pensiones.
Debido a esto, la Contraloría ordena adoptar medidas para evitar incrementos sin una evaluación adecuada previa.
Irregularidades en pagos:
Se estableció que el proceso de pagos carece de mecanismos de verificación de autenticidad de los actos administrativos.
Se detectan además problemas en la notificación y entrega de decretos, con falta de copias de actas de notificación en el DAS.
