Desde La Higuera, el 65% de los trabajadores del mar acusan nula participación ciudadana y reglas del juego poco claras, al quedar las decisiones en manos de un plan de administración cuyas reglas son desconocidas.
Existen tres recursos judiciales pendientes en la Corte de Apelaciones de La Serena, pese a la publicación en el Diario Oficial del decreto que crea el Área Marina Costera de Múltiples Usos (AMCP-MU) “Archipiélago de Humboldt”.
Ante ello, los pescadores artesanales e industriales de La Higuera y Coquimbo se manifestaron en alerta, pues estiman que más de 3.500 puestos de trabajo pueden verse comprometidos.
En ese sentido, los trabajadores de mar reiteraron una serie de irregularidades en la forma cómo se llevó el proceso de elaboración, pues no contó con la debida participación ciudadana, ni consideró la opinión de actores claves, como tampoco la posible afectación de derechos constitucionales adquiridos para ejercer la actividad pesquera, la que vienen desarrollando hace décadas, anomalías que incluso fueron advertidos por servicios públicos y centros de estudios.
Ello en medio de las altas cifras de desempleo en la región de Coquimbo, ya que el 10,5% de desocupación registrada durante el trimestre móvil agosto-octubre del año en curso, la sigue posicionando a la zona con la mayor cesantía en Chile.
“Esto amenaza, limita y prohíbe nuestra actividad pesquera que desarrollamos de manera sustentable con el medio ambiente y cuidando los recursos del mar hace más de 30 años. El gobierno determina normas sin los antecedentes ni la participación de las personas que viven en los territorios”, indicó Raúl Julio, presidente del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte de la comuna de La Higuera.
A través de dos recursos de protección, que se encuentran en trámite en tribunal de alzada serenense, los pescadores de Totoralillo Norte, Caleta Los Hornos y Chungungo creen que un 65% de los trabajadores de mar, mariscadores y buzos de toda la comuna de La Higuera pueden verse perjudicados con la medida.
Según lo indicado por pescadores, los antecedentes fueron presentados -a través de cartas- a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quién omitió las advertencias al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, ya que no fueron incorporadas al expediente administrativo que se tuvo a la vista en la sesión del 11 de agosto pasado.
Cabe recordar que Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Cuarta Región (AIP) y la Federación de Trabajadores de Mar (Fetramar) Elqui interpusieron un tercer recurso de protección ante el tribunal de alzada serenense, pues extraen recursos en comuna de La Higuera.
En cuanto a la AIP, la pesca aporta unos 1.000 empleos, entre personas que se desempeñan en embarcaciones, los planteles y las empresas que prestan servicios de alimentación, aseo, mantenimiento mecánico, electricidad y transporte, entre otras.
En 2016, esta asociación fue certificada bajo el sello MSC (Marine Stewardship Council) como pesquera sustentable, y fue la primera organización industrial de Chile en obtener esa acreditación internacional, la que asegura que los productos son sanos, desde el punto de vista biológico y ecosistémico.
“La pesca de crustáceos se realiza hace más de 35 años y entrega empleos estables y formales durante casi la totalidad del año, constituyéndose en una de las principales fuentes de trabajo”, sostuvo el escrito del abogado Jorge Osorio.
