En una clara respuesta, la Contraloría General de la República, en documento emitido el 12 de octubre y que fue público en la sesión del Concejo Municipal de ayer martes 18, desestimó la denuncia presentada por la concejala illapelina Janet Araya, referida a la existencia de una eventual irregularidad en la creación de la Dirección de Servicios a la Comunidad de la Municipalidad de Illapel y la asignación del cargo directivo que encabeza el organismo.
Al respecto, en su fundamentación jurídica, el informe firmado por el Contralor Regional, Hugo Segovia, establece que “las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento”, aclarando que a la fecha “no consta antecedentes respecto de la existencia de la Dirección de Servicios a la Comunidad, ni que el Concejo haya aprobado, hasta ahora, la creación de alguna unidad con dicha denominación”.
Posteriormente el órgano contralor agrega que “no se advierte irregularidad en que un directivo genérico (…) al no poseer función específica, pueda asumir las tareas que sean propias de la planta referida, entre otras, en la Dirección de Servicios a la Comunidad, mediante el mecanismo de la asignación de funciones, en la medida que ellas sean dispuestas por el Alcalde de esa comuna”.
“La respuesta de la Contraloría es una buena noticia para la Municipalidad y para toda la comuna (…) Se hicieron comentarios bien complejos respecto que nosotros hacíamos cosas ilegales, que uno como alcalde hacía lo que quería, que estaba todo mal realizado (…) Lo que hemos hecho es reorganizar una estructura existente y entregarle una asignación de funciones a una directora que tiene a cargo esa unidad, no es algo que hayamos creado con presupuesto nuevo, con funcionarios nuevos, y allí yo creo que está la confusión”, manifestó el alcalde Denis Cortés Aguilera.
En cuanto al rechazo del Concejo Municipal de Illapel a la modificación presupuestaria presentada en la sesión Nº76 del pasado 8 de agosto (sólo el concejal Eduardo Cortés aprobó y Fabián Olivares se abstuvo), que tenía como propósito incrementar el gasto en personal de las unidades de Operaciones y de Aseo, Ornato y Medio Ambiente para los próximos meses.
Contraloría aclaró que tanto el alcalde como los concejales de Illapel “deben proceder a efectuar todas las modificaciones presupuestarias necesarias para introducir las correcciones que se requieran , para evitar el déficit aludido, para dar cumplimiento cabal a las obligaciones financieras contraídas”, dejando en claro en el documento que, en el caso correspondiente, según lo informado por la Municipalidad de Illapel, la modificación presupuestaria “contaba con los respaldos y antecedentes necesarios para su aprobación”.
Al finalizar su respuesta, Contraloría recordó a la concejala denunciante que “resulta jurídicamente improcedente que los concejales condicionen su votación a lo que se resuelva por este organismo de control, toda vez que implica en la práctica , no cumplir con la manifestación de voluntad que aquellos están obligados a expresar en los casos en que la ley requiere el acuerdo de dicho cuerpo colegiado, dejando de cumplir con la función pública que el ordenamiento jurídico les ha encomendado”.
